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En un evento realizado por PROINVERSION, denominado Oportunidades de Inversión en Perú, el Ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, señaló lo siguiente respecto del déficit de infraestructura en el Perú:
“La brecha de infraestructura es muy grande, estamos hablando de 117 mil millones de soles en corto plazo y la de largo plazo estamos hablando de 363 mil millones de soles, más de cinco veces el presupuesto. Hay algunos sectores donde la brecha se está abriendo, uno ve vivienda, uno ve educación, entonces necesitamos un shock de inversiones".
Esta problemática es objeto de constante análisis y ha dado mérito a otro foro académico organizado por PROINVERSION, denominado Asociaciones Público - Privadas: Impulsando la Infraestructura Sostenible, en el que se desarrolló alcances de lo que representa darle valor sostenible a la infraestructura y la importancia de la coparticipación de los privados.
¿Qué es infraestructura sostenible?
Una aproximación a la definición de infraestructura sostenible hace referencia a la construcción o desarrollo de bienes y servicios esenciales para la ciudadanía —carreteras, aeropuertos, metros, puentes, centrales hidroeléctricas, sistema integrado de transporte de gas, mejoramiento y equipamiento de instituciones educativas, etc.— que necesariamente son respetuosos con su entorno.
Esto involucra, que las infraestructuras sean respetuosas no solo a nivel de las dimensiones tradicionales de la sostenibilidad (económica, social y ambiental) sino que ahora consideren también elementos adicionales tales como:
- La sostenibilidad financiera: que sean rentables para el inversionista privado en el tiempo.
- La sostenibilidad institucional/fiscal: gobernanza adecuada y supervivencia a periodos políticos o de un gobierno en específico.
Al respecto, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) indica que: “Esto no sólo requiere evaluar y abordar los riesgos ambientales. Sostenibilidad también implica asegurar los recursos financieros necesarios para construir y mantener la infraestructura durante su vida útil, considerar las preferencias y necesidades de la población, y entender la dinámica política e institucional para garantizar que los proyectos sobrevivan al ciclo político.”
El Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad 2022 – 2025
En el Perú, mediante el Decreto Supremo N.° 242-2022-EF, se aprobó el Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad 2022 – 2025 (PNISC 2022 – 2025), con el objetivo de impulsar el crecimiento económico, mejorar la competitividad, contribuir al cierre de brechas y el destrabe de infraestructura de largo plazo. Asimismo, brindar acceso a servicios públicos y elevar la calidad de vida de los ciudadanos.
Con el PNISC 2022 – 2025 el Estado peruano busca alcanzar un desarrollo inclusivo y sostenible de la sociedad en materia de infraestructura, priorizando el desarrollo proyectos de infraestructura que son planificados, diseñados, construidos, operados y desmantelados de manera que garanticen la sostenibilidad económica y financiera, social, ambiental (incluida la resiliencia climática) e institucional durante todo su ciclo de vida.
Es por ello que el PNISC 2022 – 2025 prioriza 72 proyectos que cumplen con la evaluación de infraestructura sostenible. Esta cartera de proyectos, en su conjunto, involucra un monto de inversión de S/ 146,622 millones; los cuales se ejecutarían bajo las modalidades de obra pública, obras por impuestos (OxI), asociaciones públicas privadas (APPs) y proyectos en activos (PA).
Un trabajo conjunto y coordinado entre el Estado y el inversionista privado
Expuesto lo anterior, y considerando lo indicado por el BID, si bien las inversiones en infraestructura tienen un efecto inmediato multiplicador para la reanudación del crecimiento económico, debido a la mejora de la productividad y competitividad en el país; también es fundamental pensar en la gestión de riesgos, teniendo en cuenta que el hecho de que las decisiones de infraestructura que se tomen hoy tendrán un impacto en el retorno de las carteras de inversión a largo plazo, dado que los activos de infraestructura tienen ciclos de vida largos y se constituyen como un negocio de largo aliento.
Es determinante entonces que el “negocio de infraestructura”, tanto desde la perspectiva del Estado como del inversionista, se sustente en decisiones que eviten activos abandonados antes del final de su vida útil o que –en el mejor de los casos– queden subutilizados (dado que no son adecuadamente explotados, o no genera los réditos financieros y sociales proyectados).
Por eso, el desarrollo de la infraestructura –en lo posible– debe involucrar un trabajo conjunto y coordinado entre el Estado y el inversionista privado a efectos de alinearse a los objetivos nacionales. En el Perú, la normativa de APPs y OxI nos ofrece el marco normativo necesario.
Esto debe considerar, además, la evaluación de los riesgos asociados al impacto del proyecto en el medio ambiente; así como también aquellos riesgos relacionados a los efectos del cambio climático sobre el proyecto (como la variación de la temperatura y los niveles de precipitación, entre otros).
Todo ello con la finalidad de prever supuestos de interrupción de los servicios a la población y medir adecuadamente el flujo de rendimiento de la inversión realizada en el tiempo.
En virtud a lo indicado, buscar disminuir la brecha de infraestructura y lograr el desarrollo de infraestructura sostenible en el Perú, supone no solamente invertir en más en infraestructura; si no que, sobre todo, involucra una mejor inversión. Finalmente, la pregunta es: ¿existe actualmente infraestructura sostenible en el Perú?
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*Abogado Senior del Área de Derecho Público en Benites Vargas & Ugaz Abogados.
