Cada 29 de mayo, se conmemora el Día del Empleado Público y la fecha no encuentra a los servidores del Estado en la mejor situación, de cara a la ciudadanía.
Fuente: Diario oficial El Peruano
Escándalos de corrupción y deficiencias en la provisión de servicios públicos contribuyen con una mala imagen. Sin embargo, la mayoría de estos trabajadores cuenta con vocación de servicio, laboran de forma honesta y, en muchos casos, son innovadores, como lo demuestran diversos premios que se otorgan a las buenas prácticas en el Estado.
A la par, las condiciones en que muchos servidores públicos realizan sus labores son críticas y ello no ayuda a que obtengan mejores resultados. Dejando de lado el déficit de infraestructura y equipamiento, hay un problema sistémico en la gestión de personas que debe resolverse. Carecemos de carrera pública, pues esta se congeló en 1993 y a partir de dicho año se prohibió la incorporación de personal, los ascensos y el incremento de remuneraciones, salvo excepciones en las leyes anuales de presupuesto.
Una persona incorporada como auxiliar puede ser hoy un magíster, pero continúa en la escala y con la remuneración de auxiliar. Sin carrera pública no tenemos profesionales que se vayan especializando, que progresen con base en sus méritos y que cuenten con una estabilidad que sea garantía de imparcialidad y protección frente al clientelismo político y los intereses particulares.
En vez de carrera pública, tenemos contratos temporales CAS que se renuevan cada tres meses, colocando a los servidores a merced de la arbitrariedad y en inestabilidad permanente. Según la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), 275,000 peruanos –el 22% de todos los empleados públicos– se encuentran en este régimen. Pero si descontamos las carreras especiales, el personal CAS representa el 44% del personal del Estado. Cerca de la mitad de los empleados públicos del régimen general están en este sistema sin condiciones adecuadas.
Si a ello le sumamos el personal que desarrolla labores permanentes en el Estado pero mediante locación de servicios, es decir, en la informalidad laboral, el panorama es más serio. Alrededor del 12% de personas que desarrollan funciones en el Estado –más de 170,000 personas– son “terceros”, sin contrato laboral, a pesar de que está prohibido por la Ley del Servicio Civil. Esta situación es más crítica en los gobiernos locales, en los que el personal CAS representa el 30%; y los locadores de servicios, el 31%.
Urge respaldar a Servir, entidad que impulsa el cambio de esta situación mediante la implementación de la Ley del Servicio Civil. Ello permitirá tener una carrera pública moderna que armonice estabilidad con mérito y resultados. Así podremos contar con servidores públicos calificados, competentes, honestos, reclutados por méritos, con prestigio y, por lo tanto, más orgullosos de ser servidores públicos.
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