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El crecimiento de un país depende de varios sectores trabajando unidos. El sector público no sólo es el principal inversor en desarrollo, sino que es un promotor activo de proyectos de inversión privada que contribuyan a cerrar la brecha de infraestructura o mejoren los servicios públicos, entre otros beneficios.
En este sentido, desde el Estado se han diseñado políticas de promoción de la privada y hasta un Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada. Para que no quede duda de la importancia de esta asociación estratégica público privada, se han definido, incluso, principios rectores por los que se debe regir la promoción de la inversión privada.
Competencia
Mantener un mercado que sea competitivo para la inversión privada, garantizando una participación amplia de proyectos que generen ofertas competitivas y valiosas en los procesos de licitaciones o concursos públicos.
El trabajo del sector público es procurar mantener un ambiente de inversión abierto, no discriminatorio ni excluyente donde las empresas privadas tanto locales como extranjeras puedan competir en igualdad de condiciones y asegurar el otorgamiento del proyecto a la mejor opción.
Transparencia
Es errado creer que al tratarse de proyectos mixtos donde esté involucrado el sector privado, se deba renunciar a obtener información disponible sobre el uso de recursos públicos en el proyecto.
La medida para marcar la línea entre la confidencialidad y la transparencia es el interés público. Los procesos de adjudicación, implementación y divulgación de un proyecto nunca deben perder esto de vista.
Enfoque en resultados
Para motivar la inversión privada y garantizar la eficiencia de los proyectos, desde el sector público se debe dar celeridad a la ejecución, actuar de forma ágil, eficiente, evitando retrasos ocasionados por formalismos.
Un estado más moderno, eficiente y rápido será el socio ideal de los inversionistas privados ávidos de invertir en el área pública.
Planificación
Unas de las causas que alejan la inversión privada del sector público es que hay una variabilidad muy alta en los procesos, originando retrabajo y pérdidas económicas. Para promover la inversión privada, la planificación de los proyectos debe ser exhaustiva y basada en acuerdos.
Adicionalmente, deben considerarse las necesidades y el impacto socioeconómico de los proyectos, creando consensos también con la sociedad civil especialmente cuando se trata de proyectos de servicios públicos de gran alcance y complejidad en los que se involucra el sector privado.
Valor por dinero
Combinar los costos y la calidad del servicio prestado es lo que se conoce como valor por dinero. El Estado debe priorizar aquellos proyectos que reporten mayor valor a los ciudadanos e invitar al sector privado a trabajar precisamente en ellos con el fin de reportarles beneficio económico a cambio de valor para los ciudadanos.
Finalmente, estas son las acciones que pueden garantizar que el sector privado invierta mucho más en proyectos públicos. La tarea estatal es crear las condiciones favorables para ello garantizando procesos estandarizados, metodologías claras, un marco regulatorio eficiente y una maquinaria institucional preparada para llevar adelante procesos de licitación, adjudicación y monitoreo de proyectos con la mayor celeridad, eficiencia y transparencia.
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