Cuando hablamos de meritocracia nos referimos al proceso de asignación de cargos públicos donde prevalecen los méritos de los candidatos y no factores externos a su currículo, como la influencia o los contactos.
La meritocracia es usada con éxito en las gestiones públicas más eficientes del mundo porque pone el peso de la balanza en las capacidades de los profesionales motivándolos a mejorar constantemente.
Una de las ventajas de la selección por méritos es que garantiza la continuidad de la gestión pública impidiendo los cambios de rumbo inesperados, a propósito de nuevos nombramientos en los cargos de confianza, que entorpecen la ejecución de los proyectos a largo plazo.
Esta es la razón por la cual, en la Ley de Servicio Civil promulgada en julio de 2013, se introdujo la meritocracia como método de selección de al menos el 80% de los directivos públicos. De acuerdo con el artículo 64, solo el 20% de los cargos directivos del sector público puede ser ocupado por servidores de confianza.
Esta disposición está vigente en 40 instituciones públicas, de las cuales 11 son ministerios que han obtenido la resolución de inicio del proceso de implementación del nuevo régimen del Servicio Civil. Su implementación ha sido progresiva, seleccionando cada vez más a las personas idóneas para los puestos directivos, sobre la base del mérito, la competencia y la transparencia.
El objetivo de la norma es garantizar la igualdad en el acceso a la función pública para elevar la calidad de los servicios que el Estado brinda a los ciudadanos, e incentivar el crecimiento personal y profesional de los trabajadores de la administración pública.
La figura de los servidores de confianza sigue vigente y su selección depende del cumplimiento del perfil del cargo, pero no requieren aprobar un concurso público de méritos como sí es necesario en el caso de los profesionales de carrera. De acuerdo con el artículo 77 de la Ley de Servicio Civil, “el número de servidores de confianza en ningún caso es mayor al 5% del total de puestos previstos por la entidad pública”.
De esta forma, el régimen del servicio civil contempla que el acceso, la permanencia, la progresión en la carrera y las compensaciones se basen en las aptitudes, actitudes, desempeño, capacidades y resultados de la evaluación tanto de los postulantes como de quienes ya ocupan puestos en la administración pública.
Los beneficios de la selección meritocrática son incontables, pero quizá el más importante de ellos es asegurarles a los ciudadanos que la gestión de los recursos públicos está en manos de aquellos que realmente lo merecen porque se han preparado para servir.
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