La tarea de cerrar la brecha de infraestructura del país requiere de una gran sinergia entre el sector público y privado. Para ello, existen mecanismos como las Asociaciones Público Privadas (APP) y las Obras por Impuestos (OxI), los cuales permanecen en constante evolución y por tanto deben estar sujetas a cambios que permitan agilizar procesos en beneficios del ciudadano.
Magali Lazo Guevara, Asociada Senior del Estudio Muñiz y catedrática de la Universidad Continental, identificó algunos problemas que vienen presentando estos mecanismos contractuales y brindó sugerencias para lograr un mejor funcionamiento que permitan adjudicaciones de proyectos de manera más eficiente y que cuenten con seguridad jurídica.
La actuación de los distintos niveles de gobierno involucrados en la evaluación de un proyecto puede volverse una traba y un trámite burocrático en una APP. La profesora Lazo considera que, si bien es necesaria la participación de los gobiernos regionales y locales, deben agilizarse los procesos de intervención de los actores a través de una programación o una evaluación concurrente.
También considera que es rol de los gobiernos regionales y locales determinar cuáles son los proyectos que deben realizarse a través de una APP. “También se debe dar relevancia a las normas que permiten, tanto a los gobiernos regionales como a los gobiernos locales, definir y determinar qué son o cuáles de sus proyectos se pueden desarrollar a través de APP”, explica la catedrática de la Universidad Continental.
Existen dos formas de financiar una APP: autofinanciamiento, cuando el financiamiento proviene de los pagos realizados por los usuarios finales del servicio, y cofinanciamiento, cuando el Estado interviene en el financiamiento a través de pagos, compromisos, bienes, entre otros. La profesora Lazo sostiene que se deben reducir las limitantes en estos procesos de determinación de financiamiento.
“Se ha propuesto pensar o evaluar las exoneraciones a la clasificación de cofinanciamiento, de tal manera que en los procesos de evaluación no se presenten impedimentos para poder acceder a mecanismos de un proyecto autofinanciado. Esto en el caso cuando tenemos una porción del proyecto que se encuentra en el marco de la exoneración para determinar a un proyecto como cofinanciado”, sostiene la docente Magali Lazo.
La profesora Lazo sostiene que es necesario que el Ejecutivo reglamente el marco normativo para que los proyectos que se realicen a través del mecanismo de Obras por Impuestos también puedan ser operados a través del mecanismo de APP. Esto permitirá que una obra realizada por OxI pueda ser sostenible en el tiempo complementándose con el mecanismo de APP.
“Esto está previsto en la norma, pero falta el desarrollo de su reglamentación. El principal reto que tienen las entidades públicas está en el marco del mantenimiento de la operación de las infraestructuras y la operación del servicio público en el término de eficiencia”, indica la catedrática de la Universidad Continental.
Además, considera que el marco normativo vigente no solo debe limitarse a permitir el mantenimiento en el sector saneamiento, sino también en obras de otros sectores como educación, salud, turismo, seguridad, entre otros.
Más allá de los marcos normativos y esquemas legales que se requieren, la profesora Lazo considera que es necesario que los actores públicos y privados involucrados en la elaboración de proyectos de APP y OxI se sensibilicen con la necesidad del desarrollo en el país y, sobre todo, de los ciudadanos.
“La inversión no puede parar porque hay una necesidad muy grande en el país de cerrar las brechas de infraestructura y servicios públicos. La reflexión debe ser la de trabajar de manera más sensitiva hacia los sectores sociales que más desarrollo en infraestructura y servicios públicos necesitan, y también pensar en la sostenibilidad de este tipo de infraestructuras y servicios públicos”, comentó.
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