Estos son los tipos de control gubernamental que realiza el Estado sobre los funcionarios públicos

Paola Bustamante
Por: Paola Bustamante
Docente de la EPG Continental
Publicación: 11 septiembre, 2018

A pesar de que los funcionarios públicos cuenten con una buena capacitación en la implementación de políticas públicas, resulta importante que el Estado tenga mecanismos de control que permitan detectar los riesgos de desempeño y los riesgos de corrupción. Es por ello, que el Estado peruano cuenta con un Sistema Nacional de Control, liderado por la Contraloría General de la República, para supervisar la labor de los gestores públicos.

“El control gubernamental observa que el funcionario o servidor público esté cumpliendo con el marco legal alrededor del proceso de gestión, las funciones a su cargo. También supervisa temas éticos como finalidades prohibidas, conflictos de intereses. Las encargadas de hacer este control son los Órganos de Control Institucional (OCI) de cada institución, la Contraloría y también auditores externos”, explica la profesora Paola Bustamante.

El control gubernamental no solo lo realizan distintos actores, sino que este también se realiza en distintas fases. A continuación te explicamos cuáles son:

 

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Control previo

En esta etapa, el objetivo del control gubernamental es identificar de manera preliminar los riesgos de desempeño, corrupción o conflictos de intereses que generen perjuicio al Estado peruano antes de desarrollar una acción o un proceso. En este caso, es la Contraloría la encargada de brindar la autorización en dos casos específicos.

La profesora Paola Bustamante explica que las firmas de adendas por parte del Estado con montos superiores al 15% del precio inicial del proyecto debe ser sustentado y comunicado por la institución a la Contraloría para recibir las recomendaciones pertinentes. De igual forma, con las adendas en contratos de supervisión de obras. Sin embargo, aclara que estas recomendaciones no son vinculantes, es decir no son de cumplimiento obligatorio.

“El control previo está vinculado a la necesidad de informar a la Contraloría sin la necesidad de que la recomendación sea vinculante. Por ejemplo, en los casos que el Estado se tiene que endeudar. El Ministerio de Economía debe enviar un expediente de endeudamiento público a la Contraloría para su conocimiento y la contraloría opina. Igualmente en el marco de la APP, también hay momentos específicos en que las entidades tienen que comunicar a la Contraloría sobre este proceso”, sostiene.

 

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Control simultáneo

Este control se realiza durante la ejecución de un proceso de la gestión pública como durante la prestación de un servicio o la ejecución de una obra. En esta etapa, se realizan verificaciones de la ejecución de una acción de la gestión pública. Por ejemplo, explica la profesora Bustamante, antes del inicio del año escolar la Contraloría puede verificar cómo se desarrolla la distribución del material educativo en los colegios públicos.

“Se verifica que se cumplan los protocolos, se envía un informe para estar al tanto y se puedan tomar medidas. Busca alertar para que sobre la marcha se puedan hacer ajustes o no de lo que se viene alertando. Normalmente lo realiza el Órgano de Control Institucional (OCI)”, explica Bustamante.

En el 2017, con la finalidad de acelerar el proceso de Reconstrucción del norte del país tras el Niño Costero, la Contraloría implementó un nuevo control denominado control concurrente. Este es un control simultáneo que alerta riesgos en la ejecución de los proyectos de la Reconstrucción a través de un equipo multidisciplinario.

 

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Control posterior

Durante el control posterior, además de la Contraloría y los Órganos de Control Interno (OCI), participa un nuevo actor, los órganos de control externo. En esta etapa se realizan auditorías financieras, auditorías de cumplimiento y auditorías de desempeño.

A través de la auditoría financiera se busca verificar la racionalidad de los estados financieros y presupuestales anuales de las entidades públicas. Son los auditores externos quienes realizan este tipo de control en el que se controla el manejo adecuado de los recursos del Estado.

La auditoría de cumplimiento se realiza anualmente por una comisión auditoria conformada por la propia OCI o la Contraloría. Con este tipo de control se busca identificar si se han cumplido los resultados y las metas trazadas por la institución durante el año. Además, del adecuado uso de recursos y el cumplimiento de las normas.

“Se analizan las principales actividades que se realizan desde los ministerios. Por ejemplo, en el caso del Ministerio de Salud, si se proveen servicios de salud. No solo eso, también se analiza donde la entidad tiene mayor carga presupuestal”, explica la profesora Bustamante.

Finalmente, la auditoría de desempeño tiene como finalidad contribuir a una mejora de la gestión pública. Mientras que en las auditorías financieras y de cumplimiento se identifican responsabilidades administrativas, en la auditoría de desempeño solo se plantean recomendaciones para mejora de la propia gestión.

“Analiza procesos e identifica qué procesos podrían mejorarse, qué procesos están marchando bien y dónde hay espacio de mejora. Esta es una auditoría más de acompañamiento y trabajo conjunto que permite mejoras al servicio. Las recomendaciones no son hallazgo y no hay responsabilidad administrativa porque se busca contribuir a la mejora”, manifiesta la profesora Bustamante.

El control gubernamental es una de las funciones del Estado de vital importancia que ayuda en la labor de tener un aparato estatal con gestores de calidad, honestos e íntegros. En ese sentido, una de las tareas pendientes del Estado es reforzar y brindarle mayor autonomía al Sistema Nacional de Control de manera que se vea menos limitado a ejercer sus funciones y con menos riesgo de presiones tanto a nivel local, regional y nacional.

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