Los recursos que financian las políticas públicas son propiedad de todos los peruanos y peruanas. La administración pública tiene la obligación de usarlos adecuadamente para el beneficio de la ciudadanía.
De allí la importancia de evaluar lo que hace el estado para saber cómo resulta. Lo que no funciona no se debe repetir, lo que no produce no se debe financiar, todo lo que el estado hace, incluso lo que hace bien, puede mejorarse siempre.
Por ello es imprescindible hacer evaluaciones y aprender las lecciones que nos dejan los errores y aciertos para mantener lo bueno y corregir lo que no funciona. Si no hay aprendizaje se corre el riesgo de desperdiciar los recursos públicos haciendo cosas que no tienen impacto.
Desde hace casi 70 años se vienen estudiando las políticas públicas como una manera de mejorar el contenido de las decisiones de las autoridades con fundamentos teóricos y basados en evidencias.
Las políticas públicas pasaron de ser una manifestación básica del ejercicio del poder a ser un conjunto de decisiones estudiadas y diseñadas más o menos técnica o científicamente y con una serie de supuestos que, de cumplirse, permitirían alcanzar un cambio positivo en la sociedad.
Los avances globales en la materia son significativos, principalmente en las áreas del conocimiento en las que la experiencia permite asegurar un mayor nivel de certeza sobre los resultados a obtener.
En muchas partes del mundo, los profesionales de la administración se nutren de una visión multidisciplinaria que explica los efectos de las acciones tanto en el comportamiento y como en la calidad de vida de las personas. De esas experiencias aprendemos; las prácticas exitosas son replicadas en otras latitudes y el caso peruano no es la excepción.
Las ciencias conductuales tienen casi cien años explicando por qué los individuos actúan de la manera que actúan. Las políticas públicas se basan en dichos conocimientos para establecer una serie de incentivos positivos que refuerzan el comportamiento esperado, al mismo tiempo que prohíben y castigan los actos no deseados; de esa manera el estado puede orientar a la sociedad hacia los valores deseados: la cooperación, el trabajo, la transparencia, la responsabilidad.
Asimismo las ciencias sociales nos explican el efecto de la cultura y las creencias en las preferencias de los individuos y las colectividades, invitándonos a conocerlas y formular políticas consecuentes con las particularidades del público objetivo al que van dirigidas.
Otras ciencias como las económicas y las políticas tratan de explicar también los efectos que dichas políticas tienen en el conjunto de la sociedad y las consecuencias posibles de dichos efectos, ayudando al estado a establecer un sistema de priorización de políticas para que la inclusión y el bienestar permitan la paz social.
La rendición de cuentas significa que todos los funcionarios y funcionarias públicas, cualquiera sea su nivel, deben explicar a la población que han hecho con sus recursos y cuáles son los resultados de dichos actos.
Los mismos profesionales del estado buscan responsablemente conocer si las decisiones tomadas han llevado a la consecución de los objetivos perseguidos; por ello la evaluación de políticas públicas es hoy una disciplina que ha crecido en paralelo a la necesidad de los estados de conocer si lo que están haciendo surte los efectos buscados.
Por ejemplo: de nada sirve implementar aquí una buena idea que funcionó en Asia o en Europa si el sistema de valores, creencias, tradiciones, incluso supersticiones de las personas en el Perú, hace que los individuos reaccionen de manera distinta a lo esperado.
Una evaluación nos ayudaría a descubrir ese y cualquier otro factor que impide la consecución de los resultados tal como fueron planificados. De allí se desprende, entre otras, la teoría que señala que es más conveniente que las políticas sean implementadas por las autoridades más cercanas a la población. Ellas deberían conocer mejor que otras las características propias de los ciudadanos a ser atendidos.
Si una política no está funcionando, se cambia. Una vez identificados los factores que no están contribuyendo, la política se ajusta, se incorporan componentes destinados a bajar o eliminar las resistencias culturales y se aprende que en el diseño de nuevas políticas siempre debe tenerse en cuenta ese elemento.
Las evaluaciones cumplen así un trabajo fundamental en la mejora continua de la actividad estatal, permitiendo que los recursos sean mejor utilizados y no derrochados en acciones que no funcionan. Las evaluaciones no son auditorías ni persiguen culpables, buscan el aprendizaje y ganar experiencia para hacer mejor las cosas.
Cada vez que se hace un cambio o un ajuste hay un costo grande para el estado, por ello el análisis previo (la evaluación) nos permite identificar los costos y beneficios de dicho cambio para la población. Si hay que tomar la decisión de suspender o cerrar un programa que no funciona, seguramente que los actores involucrados serán un activo valioso para construir una alternativa más efectiva.
Lo que no debemos permitir es que se sigan tomando decisiones de política sin conocer cuáles son sus costos y sus efectos en la población o incluso seguir trabajando y contratando gente sin saber si ese trabajo está o no solucionando los problemas del país. Una gestión pública responsable implica el poder conocer, sin maquillaje, si una política está o no siendo efectiva y por qué.
Las evaluaciones de medio término y el monitoreo constante son herramientas para alcanzar eficiencia y eficacia. No se puede pretender “ahorrar” dejando de hacer evaluaciones, puesto que los costos de una política inútil pueden ser mucho más altos, no sólo financieramente sino en la calidad de vida de la sociedad a la que servimos.
Ha llegado la hora de que el estado peruano profundice su sentido democrático y permita a la población participar ciudadana y responsablemente en la construcción de mejores políticas públicas. Las evaluaciones y la rendición de cuentas son instrumentos para ello.
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