Nos señala la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto, aprobada por el CLAD, que el gobierno no es un fin, sino, un medio para fortalecer la democracia: robusteciendo la institucionalidad pública y promoviendo el mejoramiento de la calidad de vida de todas las personas[1].

Creo sinceramente en la amplitud de esa definición.

El mundo de hoy está caracterizado por el empoderamiento de la autoridad de sus ciudadanías. Las cuales vienen generando la manifestación abierta y enfática de sus demandas.

Sobre todo, cuando estas han visto imponerse la voluntad autoritaria de sus gobernantes, sin el debido debate y consideración de otros puntos de vista discrepantes.

En estos casos, un grave error del gobernante es el de tratar de reprimir en forma violenta y desproporcionada esas manifestaciones.

Es justamente el gobierno abierto, a través de la comunicación permanente con los actores involucrados, busca generar espacios de confianza en la toma de decisiones de los tres niveles de gobierno. 

Estos miembros clave pueden ser:

• • Funcionarios públicos.
  • Instituciones públicas.
  • Representantes de la sociedad civil.
  • Grupos de interés.

De esta forma, estamos fortaleciendo la democracia.

Debilidad institucional

Cuando el concepto de gobierno abierto de la Carta Iberoamericana nos habla de robustecer la institucionalidad pública, se refiere a algo que todavía es muy común en los países latinoamericanos y particularmente en nuestro país: la debilidad institucional.

Con frecuencia creemos que el término instituciones está referido a organizaciones físicamente sólidas o edificaciones de ministerios bien mantenidos.

Sin embargo, las instituciones referidas no son materiales, son más trascendentes que eso.

El economista e historiador estadounidense Douglas North, hace la siguiente definición sobre instituciones:

“Las reglas del juego en una sociedad; formadas por restricciones formales (leyes, constituciones) e informales (normas de conducta, convenciones), así como las características de su aplicación y cumplimiento.”

Pero, no son todas las instituciones existentes en el Perú, las relevantes a tomar en cuenta.

En este caso, el mismo North nos señala los requisitos de las “buenas” instituciones, tanto formales como informales:

“Aquellas que, a partir de un conocimiento acumulativo, acaban siendo legítimas, equitativas, eficientes, estables y flexibles, y, por ello, son reglas del juego que constriñen conductas ineficientes, fraudulentas e ilegales en la sociedad y en el Estado…”

Y es justamente esa modalidad del gobierno abierto, de tocar los temas importantes con los propios representantes de la sociedad involucrados, lo que filtra la información de base relevante para el análisis, y las alternativas de solución que realmente generan valor público (son valoradas por el usuario).

Por supuesto que, participando los usuarios en la decisión, minimizamos las opciones orientadas a satisfacer intereses individuales y privilegiamos el interés general con lo que generamos la institucionalidad deseada.

Promoviendo una mejor calidad de vida

Gobierno Abierto también busca cumplir con la tercera parte de la definición dada por el CLAD:

“… promover el mejoramiento de la calidad de vida de todas las personas.”

Es justamente esa participación ciudadana, la que garantiza que las políticas públicas y los servicios implementados por el estado, estén alineados con la calidad deseada por el propio usuario final.

Durante los últimos años se ha tratado de estandarizar los conceptos tan importantes de gobierno abierto para que tanto funcionarios y servidores públicos; por un lado, y los ciudadanos, académicos y representantes de la sociedad civil; por el otro, hablemos el mismo idioma.

Ello, para que los servidores públicos cumplan con su parte de poner a disposición de la ciudadanía toda la información necesaria para que ésta última participe activamente en las decisiones que la involucren.

Pero por el lado de los ciudadanos, para que sepan como acceder y pedir esa información para su activa participación y también para que fiscalice los resultados y la forma de gestionar del gobierno y las instituciones públicas.

Gobierno Abierto

Es propósito del presente artículo, el presentar los principales conceptos básicos de gobierno abierto y en otra oportunidad, podremos compartir temas globales y nacionales muy actuales, referidos a esta importante y, hoy por hoy, imprescindible forma de ejercer un gobierno.

La OCDE[2] define el gobierno abierto como:

“una cultura de gobernanza que promueve los principios de transparencia, integridad, responsabilidad y participación de las partes interesadas en apoyo de la democracia y el crecimiento inclusivo”[3].

También esta organización presenta una definición completa y habla ambiciosamente de una cultura de gobernanza.

Es precisamente la cultura, de una organización, de un país o de un colectivo, lo más complejo de cambiar. Por supuesto que no hablo de imposible, pero eso es lo que nos toca en el mundo que nos ha tocado vivir.

Es el tiempo de los problemas complejos, para los que se supone, debemos estar preparados o por lo menos en camino.

La Agenda al 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible[4], pretenden dar, a los 193 países que suscribieron su aprobación en las Naciones Unidas, una herramienta y una columna vertebral sobre la cual formular sus planeamientos para los próximos 15 años (hoy nos quedan 9) y lograr la solución a los principalísimos y complejos problemas de la humanidad: el hambre, pobreza, salud, educación y el trabajo decente.

Se busca pues, la prosperidad integral de la humanidad en un clima de paz.

Promover sociedad justas, pacíficas e inclusivas

El objetivo 16° es uno de los fundamentales para el logro de los otros 16 objetivos, debido a que, sin paz, no podemos garantizar su cumplimiento y sostenibilidad.

Las situaciones conflictivas, propias de países autoritarios o con una democracia débilmente desarrolladas, han sido una constante en la historia de la humanidad.

Si mantenemos los mismos parámetros y formas de hacer las cosas, como gobernar y tomar las decisiones que afectan a las poblaciones prescindiendo de su participación, está garantizado el fracaso o la temporalidad de tales decisiones.

Es necesario cambiar drásticamente las formas de gobierno y es el nuevo concepto de gobernanza y el de Gobierno Abierto del que venimos hablando, las formas en que sí podemos lograr, en un clima de paz, coadyuvando al cumplimiento del objetivo N° 16, la sostenibilidad de las decisiones de gobierno, asegurando el mayor valor público para las poblaciones involucradas.

Comparto con ustedes el concepto más contemporáneo del filósofo mejicano Luis Aguilar sobre Gobernanza:

“...proceso en el que la definición del sentido de dirección de la sociedad, de las formas de organizarse para realizar los objetivos (resolver problemas, enfrentar desafíos, crear futuros de valía) y del modo como se distribuirán los costos y beneficios ya no puede ser obra exclusiva del gobierno, considerado como el actor único o el dominante, sino que es el resultado de la deliberación conjunta – interacción -interdependencia – coproducción -corresponsabilidad - asociación entre el gobierno y las organizaciones privadas y sociales, en el que el gobierno y las organizaciones juegan roles cambiantes con acoplamientos recíprocos según la naturaleza de los problemas y las circunstancias sociales”[5].

Nos damos cuenta que es una forma muy distinta de gobernar de lo que podía ser común hace 20 años. Implica un menor protagonismo y mayor apertura del gobernante, y un mayor protagonismo de la ciudadanía en la toma de decisiones y en la formulación de políticas públicas.

Principios para un gobierno abierto

Los cuatro principios que, según OCDE, favorecen a la apertura del gobierno son:

1. Transparencia 

Referida fundamentalmente al acceso a la información por parte de la ciudadanía, tanto la información que pueda ser solicitada a una entidad pública, como aquella que es recibida y/o procesada en una entidad y que la propia entidad está obligada a publicar en forma sistematizada para su explotación por parte de la ciudadanía.

Pero también implica su institucionalización como la forma nueva de gestionar la cosa pública, es decir, la actitud de funcionarios y servidores públicos de que su comportamiento no tenga agendas ocultas, siempre claro, sin secretos, no generando desconfianza alguna en sus comportamientos.

2. Integridad 

La definición de Integridad pública de la OCDE me parece que es lo suficientemente amplia para abarcar lo extensa que es la gestión pública:

“Alineación consistente con, y el cumplimiento de, los valores, principios y normas éticos compartidos, para mantener y dar prioridad a los intereses públicos, por encima de los intereses privados, en el sector público[6].”

Alineamiento consistente implica una coherencia permanente entre lo que se expresa o se dice, y lo que se hace; los valores y principios son decisiones que conducirán el buen comportamiento en cada sociedad o país; las normas éticas son universales; todo este conjunto de elementos, debe garantizar en cada acción del aparato público, la prioridad de los intereses públicos por sobre cualquier interés individual.

3. Rendición de cuentas

Este principio comprende un deber y un derecho.

El primero, se desprende de la responsabilidad de funcionarios y servidores públicos que en el ejercicio de su función pública deben informar a la ciudadanía sobre sus acciones, desempeño, logros y fracasos.

El segundo, del que goza la ciudadanía de tener acceso a esa información, aunque también constituye un deber para exigirla, fiscalizar, y sobre ella, premiar o sancionar al servidor público.

Lo que sí está claro, es, que, si la ciudadanía no se entera de la existencia de este derecho, no lo exigirá y en la realidad, no hay muchos incentivos para que las entidades públicas promuevan este conocimiento.

4. Participación de los ciudadanos y las partes interesadas

 a lo largo del ciclo de las políticas públicas: diseño, formulación, implementación y seguimiento y evaluación.

En este sentido, ya tenemos en la normatividad nacional una buena base. En marzo de 2018, se aprobó el Decreto Supremo N° 029-2018-PCM que a su vez aprobó el Reglamento de las Políticas Nacionales.

El reglamento preparado por el Centro de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) establece fases técnicas para que los ministerios formuladores, lleven a cabo cada una de las fases, con una intensa participación de las poblaciones involucradas en cada caso.

Ahora, para empezar, el tema está en velar porque esa normatividad se cumpla, como siempre, para beneficio de la ciudadanía

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Referencias

[1] Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD). Aprobada en Julio de 2016. Pág. 16.

[2] Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
[3]OCDE. (2021). Guía de la OCDE sobre gobierno abierto para funcionarios públicos peruanos. OCDE, 171 p.

[4] Agenda al 2030 aprobada por la 70° Asamblea General de las NNUU en setiembre de 2015.
[5] El aporte de la Política Pública y de la Nueva Gestión Pública a la gobernanza Luis F. Aguilar. Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 39, Octubre de 2007, pp. 5-32, ISSN 1315-2378 Pág. 20.

[6] Acuerdo del Consejo de Integridad Pública de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Instrumento legal N° 0435 del 25 enero 2017.