Uno de los principios de la política nacional de modernización de la gestión pública peruana es la orientación al ciudadano. Pero esta relación Estado-Ciudadanía es una autopista de dos vías.
Cuando pensamos en participación ciudadana solemos ubicarnos sólo en el terreno electoral, sin embargo, los mecanismos participativos abarcan mucho más especialmente cuando se trata de formar parte de la toma de decisiones u orientar políticas públicas. Así opera esta relación.
Conocer al público objetivo es fundamental para planificar estratégicamente cuáles productos y servicios brindarle. En este sentido se deben estudiar las características poblacionales y segmentarlas lo más posible para conocer si, por ejemplo, se prestará una atención presencial o itinerante; o cómo está distribuida la población vulnerable (adultos mayores, mujeres embarazadas o personas discapacitadas) para activar un tipo de atención especial.
Es importante que el gestor público conozca las características culturales de las comunidades en las que va a trabajar para identificar a los grupos étnicos o religiosos, ya que su cultura tiene un impacto directo en sus necesidades y expectativas sobre la atención que van a recibir. Y en ese sentido, adaptarse a esa expectativa para evitar generar escenarios de conflicto.
La razón de ser de una política pública es satisfacer una necesidad actual o futura de la ciudadanía. Para ello, el gestor público entiende qué hace falta y cómo se pueden diseñar soluciones a corto, mediano o largo plazo que satisfagan esa carencia.
Pero identificar las necesidades va mucho más allá de establecer una relación cliente-proveedor con el ciudadano. Tiene que ver, también, con adelantarse al surgimiento de las necesidades a través de la inteligencia pública. Hacer planes inclusivos, pensar en el futuro y brindar a los ciudadanos herramientas para desarrollar su potencial (por ejemplo, con programas educativos) y mejorar su calidad de vida.
Adicionalmente, los ciudadanos tienen mecanismos para exponer cuáles sus necesidades, solicitar respuestas y exigir soluciones. Los Estados modernos disponen de vías expeditas para que el feedback ciudadano llegue hasta el gestor público, desde las encuestas, los estudios de casos, los buzones de sugerencias, pero muy especialmente el trabajo directo con las comunidades a través de los mecanismos de participación previstos en la ley.
Con el objetivo de escuchar a los ciudadanos, canalizar sus inquietudes y dar respuestas a sus problemas, se han establecido legalmente mecanismos de participación donde los ciudadanos son los protagonistas. Se trata de los Consejos de Coordinación Regional (CCR) y Local (CCL), son espacios de participación ciudadana regionales y locales claramente definidos en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales LOGR y en la Ley Orgánica de Municipalidades (LOM).
Adicionalmente, los ciudadanos también cuentan con los consejos de origen sectorial y mesas de concertación; los Comités de Gestión; las Juntas de Delegados Vecinales y las Juntas Vecinales Comunales. Mención aparte merece el Presupuesto participativo que es uno de los mecanismos de participación más importantes en la actualidad.
Derrumbar el mito de que los ciudadanos no tienen injerencia en las decisiones públicas es parte del trabajo de una gestión pública moderna que esté, precisamente, orientada hacia la gente.
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