La corrupción sigue siendo una de las principales preocupaciones de los peruanos sobre la actuación tanto del Estado como de los Gobiernos. Una de las opciones para combatir la corrupción es fomentar cada vez más mecanismos de transparencia. Los funcionarios públicos están llamados a servir a los intereses de la Nación y a ser garantes de la correcta utilización de los recursos públicos de forma transparente.
Para garantizar la transparencia es imprescindible instaurar la cultura de la rendición de cuentas que es, simplemente, el acto en el que los funcionarios y gobernantes le muestran a los ciudadanos los avances de los proyectos, las dificultades de la ejecución y los resultados de su gestión.
Con el fin de que el acto de rendición de cuentas sea realmente efectivo, debe estar enmarcado en los principios de honestidad y legalidad, e ir más allá de la exposición pública sobre cómo se han gastado los recursos, también debe incluir indicadores de logros y la documentación que sustente las inversiones.
Existen dos tipos de rendición de cuentas:
A través del cual la población ejerce el control sobre el estado fiscalizando los movimientos de los recursos e implica mecanismos de participación y control ciudadano como los procesos del presupuesto participativo y vigilancia social
Es el control sobre la inversión de los recursos que ejerce una institución sobre otra. En el caso del Perú, las entidades públicas deben rendir cuentas ante la Contraloría General de la República.
El estado está llamado a generar los canales propicios que permitan a los ciudadanos acceder permanentemente a la información. La publicación de informes, documentos y resultados debe hacerse de tal manera que todos los ciudadanos interesados tengan acceso a ella. Dicho acceso a la información pública y su divulgación está protegido por nuestras leyes.
Es necesario fortalecer los espacios de participación ciudadana de cara a la transparencia. Informar a los ciudadanos sobre su derecho a exigir cuentas claras, promover los organismos participativos y, sobre todo, escuchar sus demandas y propuestas para hacer más efectivo el uso de los recursos, son parte de las estrategias de transparencia.
La rendición de cuentas no sólo es un deber legal, sino también ético de parte de las instituciones públicas. La ciudadanía tiene el derecho de conocer en qué se invierten los fondos, bienes y recursos públicos, y el Estado tiene el deber de compartir públicamente esta información de forma regular con el fin de construir confianza y legitimidad de cara a la sociedad.
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