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La violencia de género representa uno de los problemas más graves y persistentes que enfrenta nuestra sociedad. En el Perú, las cifras son contundentes y preocupantes: más de la mitad de las mujeres peruanas han experimentado algún tipo de violencia por parte de su pareja, una realidad que se agudiza de manera particular en las zonas rurales del país.
Una problemática de dimensiones alarmantes
Los datos más recientes revelan la magnitud de este problema estructural. Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2024, el 52% de mujeres peruanas de 15 a 49 años han sido víctimas de violencia por parte de su pareja alguna vez en su vida. Pero quizás el dato más revelador es que, según la Encuesta Social sobre Relaciones Sociales-ENARES 2024, el 75.7% de hombres y mujeres de 18 años o más toleran algún tipo de violencia contra las mujeres, lo que evidencia una normalización cultural profundamente arraigada.
En el ámbito específico de las zonas rurales, la situación presenta características particulares que agravan el problema. Los Servicios de Atención Rural del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables registraron 2,928 casos de violencia solo entre mayo y diciembre de 2024, siendo la violencia psicológica (40.6%) y física (36%) las más frecuentes.
El feminicidio: la expresión más extrema de la violencia
Los feminicidios representan la manifestación más grave de esta problemática. El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reporta un incremento alarmante: de 84 víctimas en 2015 a 146 víctimas en 2023, acumulando un total de 1,191 casos registrados durante ese período. Esta tendencia creciente coloca al Perú entre los países de América Latina con cifras constantes de feminicidio en las últimas décadas.
Particularidades del ámbito rural
La violencia en zonas rurales presenta características específicas que requieren atención especializada:
- Mayor aceptación social: El estudio Atlas de las mujeres rurales de América Latina y el Caribe “Al tiempo de la vida y los hechos” (2017), auspiciado por la FAO, muestra que en 9 países de América Latina y el Caribe el nivel de aceptación de la violencia contra las mujeres por parte de las parejas es mayor en las zonas rurales que en las urbanas. En el caso de Perú, durante los años 2007 y 2008, este porcentaje en zonas rurales fue de casi 10%.
- Subregistro significativo: Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar-ENDES 2022, el 54.3 % de mujeres víctimas de violencia en zonas rurales no buscó ayuda y, por tanto, pondría en evidencia limitaciones para registrar estos casos.
- Múltiples formas de violencia: De acuerdo a la publicación “La situación de las mujeres en los sistemas agroalimentarios: Un enfoque regional para América Latina y el Caribe” (2025), de la FAO, la violencia no solo se experimenta en el ámbito familiar, sino también en el laboral, particularmente en sectores agropecuarios.
Respuesta del Estado: avances y desafíos
El Estado peruano ha desarrollado un marco normativo e institucional progresivo para abordar esta problemática. Destaca la implementación de 433 Centros Emergencia Mujer (CEM) a nivel nacional y la reciente aprobación de la Estrategia Rural Multisectorial (ERM), que busca articular recursos y capacidades para prevenir, atender y proteger a las víctimas en zonas rurales con pertinencia cultural y lingüística.
La ERM se estructura en tres objetivos específicos:
1. Mejorar el acceso a servicios especializados
2. Impulsar intervenciones de prevención multisectoriales
3. Fortalecer la vigilancia institucional y comunitaria
Un llamado a la reflexión y acción
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El estudio no solo expone la magnitud del problema, sino que también identifica las brechas existentes y propone rutas de acción para fortalecer las políticas públicas en materia de prevención y atención de la violencia de género, especialmente en el ámbito rural.
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*Magíster en Género, Sexualidad y Políticas Públicas. Profesional en ciencias sociales con experiencia senior en la conducción y gestión por resultados de proyectos, programas y políticas públicas en diferentes realidades y campos del desarrollo –impulsadas por entidades públicas, de la sociedad civil y organismos de cooperación internacional–; así como en la incorporación de enfoques de desarrollo sostenible, género, interculturalidad, inclusión social y derechos humanos.
