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Conoce en este artículo cómo ha evolucionado la administración pública en el Perú y cuál es su situación actual.
La administración pública es aquella parte del estado que tradicionalmente se ha llamado burocracia. La que da estabilidad al estado cuando los políticos (elegidos o designados) cambian y otorga a la población cierta continuidad de los servicios públicos.
Nuestra administración pública
La administración burocrática, organización muy denostada aún por los propios funcionarios en los tres niveles de gobierno, es buena.
Distribuir el ejercicio del poder, y la responsabilidad que conlleva, entre varios escritorios (fundamento de la operatividad burocrática) es fuente de mayor transparencia y equidad. Por eso requiere más tiempo y más trámites que la gestión de los recursos privados, que se pueden usar para beneficiar a amigos y parientes o todo lo que la ley no prohíba.
En el otro extremo, una burocracia exagerada con demasiados pasos y opiniones para tomar una decisión, es la puerta abierta para la aparición de quienes ofrecen o reciben una “ayuda” para apurar los trámites, al mismo tiempo que diluye la responsabilidad por la decisión. Por ello la burocracia, mientras más compleja sea, puede ocultar grandes inacciones e ineficiencias.
El cuerpo jurídico de nuestro Derecho Administrativo General, así como las normas de los Sistemas Administrativos del Estado (principales fuentes de normatividad burocrática) tienen un gran problema que, lejos de mejorar, ha empeorado; haciendo que la incapacidad de ejecución estatal sea una característica de nuestras instituciones, más que una excepción.
No todo es burocracia
Aunque la tradicional administración burocrática sigue dominando al aparato estatal; en los últimos treinta años ha cedido espacio a la incorporación la Nueva Gestión Pública. Esta “importación de prácticas” significó en su momento una revolución en las formas, métodos, instrumentos, estilos de liderazgo y hasta valores desde la administración privada. De la misma manera en que produce la transferencia de políticas públicas, hemos experimentado el ingreso al Sector Público de aquellas buenas prácticas y buenos gerentes (sin que ello cambie, y más bien complique más, el cuerpo jurídico burocrático).
Entonces, la administración de lo público en el Perú tiene una base de excesiva regulación burocrática que en muchos pasos no evidencia el valor que agregan, pero esconde, o dificulta conocer, el quién y el porqué de las decisiones.
La historia no acaba allí
En este marco, no llegaron a cuajar ni las prácticas ni los gerentes privados y más bien potenciaron esa percepción de imposibilidad y frustración para quienes asumieron con ilusión la tarea pública. Adicionalmente, desde hace unos cuantos años los mecanismos participativos y de gobernanza como medio de lograr la eficiencia, transparencia, eficacia y ejercicio de derechos; ha hecho que nuestra administración incluya, tanto en la Constitución Política como en leyes y en el Programa País, mecanismos de participación.
Entonces; sobre la burocracia espeluznante y las prácticas ajenas a los fines del estado, hemos incluido procesos ciudadanos para el ejercicio de derechos y la presentación de intereses y preferencias.
El servicio a los demás
Al parecer por la cantidad de conflictos sociales existentes, que buscan la respuesta del estado a necesidades sociales, tampoco han sido efectivos los modernos mecanismos de gobernanza incorporados y la desconfianza entre peruanos y peruanas crece a diario.
Muchos profesionales dicen que las teorías racionales explican cómo todos nos movemos por intereses y no por normas, ni ideales. Que pensar en ideales no es funcional ni realista. En ese escenario, si cada quién sólo busca su beneficio, se justifica desconfiar de todos y todas, y regular cada paso que se da, sobre todo si se decide sobre recursos públicos.
Al parecer, se ha incluido en nuestra cultura de lo público, la competitividad de lo privado. Es más común ver funcionarios compitiendo entre sí que equipos juntando sus capacidades y fuerzas para servir a la sociedad. Es usual también encontrar funcionarios que creen que trabajan “para el estado y no para la población” en una muestra de nuestra falta de formación ciudadana y un evidente desconocimiento de quién es el soberano.
Pero, no. No nos ganan
Mientras estas ideas se escuchan a diario y lo que tenemos no funciona. Hay quienes piensan y trabajan para revertir la situación y resolver problemas. Funcionarios públicos que trabajan no sólo para obtener resultados medibles y cuantificables, sino: para generar orgullo de ser parte de una maquinaria al servicio de los demás.
Esa colosal tarea incluye promover la política como vocación y profesión. Aplaudir a esos funcionarios de dirección o de confianza, que reconocen que son políticos y que su interés de llamarse a sí mismos técnicos sólo está asociada a la idea de especialista, o experto, en el sentido contrario a lo que ordinariamente se piensa de la mayoría de los políticos.
Simplificar y modernizar la administración; fortalecer, transparentar y mejorar el sistema político, generar ciudadanía en la población y en los propios funcionarios es un reto. El más grande reto de nuestro Sector Público, desde el Congreso hasta el último miembro de la población. ¡Súmate! Hay muchos que ya están trabajando en ello.
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