Conoce en este artículo cómo los derechos humanos son un enfoque clave para para promover el desarrollo y la democracia dentro de la gestión pública.
En la trayectoria histórica de la humanidad, se han suscitado diversas expresiones de violencia y desigualdad, que han generado efectos nocivos para toda la sociedad, pero especialmente para aquellas personas y grupos que lo han experimentado de manera directa. No obstante, las últimas guerras mundiales del siglo XX constituyeron eventos cruentos que motivaron a que diferentes países establecieran un acuerdo global: establecer parámetros básicos para garantizar una convivencia pacífica y un trato igualitario entre los seres humanos.
Es así que, con la suscripción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se establece que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos; y que los Estados deben promover y garantizar estos. Los derechos humanos son facultades que tienen todos los seres humanos sin ningún tipo de discriminación por cuestiones de raza, sexo, nacionalidad, pertenencia étnica, u otra condición. Progresivamente, estos se han ido ampliando en marcos regulatorios específicos, atendiendo las necesidades particulares de grupos que viven en condiciones de mayor opresión y vulnerabilidad.
En cumplimiento con el marco del sistema internacional en materia de protección y promoción de los derechos humanos así como con las políticas nacionales vigentes que responden a las necesidades de la ciudadanía, nuestro país ha aprobado el Decreto Supremo N° 002-2018-MINJUS que contiene el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018 - 2021 (PNDH), el cual establece que el Estado en sus diferentes niveles y sectores pueda promover, garantizar y orientar su actuación conjunta con la ciudadanía en esta materia.
Este Plan ratifica el compromiso del Estado en atender a los grupos en situación especial de protección jurídica como son “la población afro descendiente y otros grupos étnicos; niños, niñas y adolescentes; personas adultas mayores; personas con VIH/SIDA y TBC; personas privadas de libertad; pueblos indígenas; mujeres; personas con discapacidad; víctimas de la violencia entre 1980 y el año 2000; personas en situación de movilidad que incluye a migrantes, víctimas de trata y desplazados; personas LGBTI; trabajadoras y trabajadores del hogar y, finalmente, defensores y defensoras de derechos humanos” (PNDH 2018-2021, p. 20).
Asimismo, es necesario señalar que los derechos humanos se articulan con otras perspectivas actuales de desarrollo. Así lo establece el Plan al adoptar una mirada integral sustentada en los enfoques de discapacidad, interculturalidad, etáreo, género, territorial y diferencial. Igualmente, en esa lógica, el Plan se alinea a la Política Nacional de la Modernización de la Gestión Pública al 2021 la que establece como visión un Estado moderno al servicio de las personas, que se caracterice porque su actuación esté orientada a la ciudadanía, sea eficiente, unitario, inclusivo y abierto. El PNDH establece los siguientes lineamientos y objetivos estratégicos:
Finalmente, señalar que el PNDH es de aplicación en todo el Estado, en sus diferentes niveles y según sus competencias, siendo el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la instancia encargada de coordinar, monitorear y evaluar su cumplimiento. Cabe indicar que la implementación de este Plan se financia con cargo al presupuesto institucional, sin que se demande recursos adicionales al tesoro público.
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