Hemos comentado anteriormente que la existencia de un servicio civil meritocrático, es la base para la continuidad y, sobre todo, la profundización de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. Ese servicio civil competente, es hoy fundamental para lograr recuperarnos en los próximos años, de la crisis de salud, y sus graves repercusiones económicas y sociales que estamos atravesando a consecuencia del Covid – 19. Veamos ahora en que consistiría ese relanzamiento de la modernización de la gestión pública.

Antes que nada, debemos ver cómo está el proceso de modernización, a la luz del avance de su Política Nacional y Plan aprobados en el año 2013. La Política tiene un alcance hasta el año 2021 y el Plan, sólo abarcó el periodo 2013- 2016 que ya culminó y no se actualizó. A continuación, me referiré a la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, como la Política.

Creo que la falta de continuidad de los funcionarios y directivos de la Presidencia del Consejo de Ministros, ha contribuido con la ralentización del proceso y la falta de un seguimiento efectivo en tan importante proceso de reforma. Efectivamente ha alcanzado logros, pero éstos, aún están lejos de otorgar a la ciudadanía, ese valor público que ella espera a través de la mejora de los bienes y servicios que recibe del Estado.

Los mayores logros están en el área de calidad regulatoria y simplificación. Ello está muy bien, y se encuentra en línea con lo dispuesto en mayo de 2020, a través del Decreto Legislativo N° 1497 que busca promover la reactivación de los pequeños y medianos empresarios afectados por las medidas económicas dispuestas por la presencia del COVID – 19 en el Perú.

Inicios de la Política Nacional de Modernización

Su aprobación data de 2013 cuando no se contaba con una norma clara que definiera la formulación y estructura de las políticas nacionales. Es a partir del Decreto Supremo N° 029-2018-PCM, que aprobó el Reglamento de las Políticas Nacionales, que se ha iniciado el proceso de inventario, revisión y aprobación de las políticas nacionales. Esa nueva estructura tiene los siguientes componentes:

1. Antecedentes
- Metodología.
- Diagnóstico (enunciado y delimitación del problema público, el modelo, alternativas de solución, etc.).
- Políticas relacionadas (Políticas de Estado y otras políticas nacionales).
2. Objetivos priorizados (responden a la problemática identificada).
3. Lineamientos (pautas para alcanzar los objetivos priorizados).
4. Estándares de cumplimiento (atributos para los bienes y servicios que deben ser prestados para el cumplimiento de la política).
5. Provisión de bienes y servicios (alcance, cobertura y otras características).
6. Seguimiento y evaluación.

A la fecha se cuenta ya, con nuevas políticas nacionales en el marco de la normatividad señalada, así tenemos, la Política Nacional de Cultura o la Política Nacional de Educación Superior y Técnico – Productiva, aprobadas en julio y agosto de 2020 respectivamente.

Sin embargo, en la Política, no estuvieron presentes o no lo suficientemente claros, algunos componentes de esa nueva estructura. Ello, desde el detalle mismo de la metodología empleada o el diagnóstico, dónde no se definió con claridad el modelo del problema público que generó la formulación de la política nacional. Tampoco se presentaron en el diagnóstico, el análisis de las alternativas de solución correspondiente a las causas del modelo de problema. Otra ausencia es la relación de la Política con otras políticas nacionales ya existentes. Esto era vital para la articulación de la Política, desde la formulación hasta su implementación, por ejemplo, con el proceso de descentralización que se encontraba en marcha desde el año 2002.

Complementando lo normado por la Política, con el contenido de su propio Plan de implementación, podemos encontrar que contienen: Objetivo general, objetivos específicos, lineamientos, (para entidades en general, rectores de sistemas funcionales y rectores de sistemas administrativos); además, para cada objetivo específico: indicadores, entidades líderes, metas, plazos (sólo hasta 2016), y acciones. No están definidos los estándares de cumplimiento de los bienes y servicios. El Plan de implementación consigna un componente de “monitoreo” y evaluación de una manera muy reducida.

De la descripción efectuada a la estructura de la Política, revelamos que, al no existir un análisis detallado y bien definido del problema público, que incluye las diversas causas que lo generan desde el amplio quehacer del Estado y la gestión pública (cómo lo exige la actual normatividad para formular políticas nacionales), no es posible pensar que los objetivos prioritarios, lineamientos, indicadores, puedan estar alineados con un análisis detallado que no se ha tomado en cuenta. Para empezar, no podemos plantear un objetivo para que se enfrente directamente a un problema, lo que debemos hacer es determinar las causas y luego, buscaremos alternativas de solución que neutralicen esas causas, no el problema. Ello de la misma manera que un pediatra no receta directamente un antipirético a un niño que se encuentre con fiebre, sino que primero determina su causa, y luego receta algún medicamento que atacará su origen.

En otras palabras, podríamos haber cumplido al 2016, el 100% de las metas correspondientes a los llamados objetivos específicos de la Política (cosa que no ha sucedido), pero no podríamos asegurar que la ciudadanía estaría satisfecha o le asignaría el adecuado valor público.

Nuevo sistema de seguimiento y evaluación 

Este sistema establece tres tipos de evaluación: de su diseño, de su implementación y de resultados. Este sistema detecta incoherencias en el diseño, errores de la implementación y el avance de la política en el cumplimiento de los objetivos. Luego, producto de esas evaluaciones, se pueden hacer los ajustes necesarios al diseño de la política o a su implementación.

Este nuevo sistema por supuesto, no se pudo aplicar a la Política y no se ha visto en estos años, un informe de la Secretaría de Gestión Público que señale su grado de cumplimiento integral. Como hemos señalado, sabemos de sus avances parciales en el campo de la calidad regulatoria con la plataforma digital del Sistema Único de Trámites (SUT), la estandarización de procedimientos administrativos, la eliminación de trámites, la eliminación y simplificación de requisitos, el avance de la estrategia de los Centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC), así como los avances en el Eje Transversal de Gobierno Abierto.

Sabemos que en 2019 la Secretaría de Gestión Pública inició un proceso de actualización de la Política y que tiene previsto su finalización para diciembre de 2020. Esperemos que, de acuerdo con la normativa vigente sobre políticas nacionales, dicho órgano rector pueda superar las deficiencias señaladas anteriormente. No obstante, deseo proponer algunas recomendaciones complementarias al respecto.

Creo que hay un tema básico en la relación entre el estado y la sociedad civil. El Estado sirve a su sociedad civil a través de bienes y servicios públicos. Los problemas públicos, que generan la formulación de una política nacional, afectan a esa sociedad y se visibilizan en el proceso de la entrega de los bienes y servicios públicos. Sin embargo, las causas de esos problemas públicos, están detrás del mostrador; es decir, en los sistemas de los que se vale el estado para organizar y gestionar sus actividades, muchas veces los temas administrativos.

Esto lo señalo, con la finalidad de que veamos los problemas públicos, con un enfoque territorial. Dónde existan deficiencias en la calidad de los bienes y servicios públicos entregados a su población, (por ejemplo: en los sectores de salud, educación, ambiente, Inclusión social, etc.) debieran encontrarse las causas que la generan y de esa manera nos estaríamos forzando a articular los sistemas administrativos relacionados con las causas de los problemas en esos bienes públicos, y también el proceso mismo de descentralización (a través de los sistemas funcionales y administrativos involucrados), porque éste último, no es un proceso independiente de la política de modernización de la gestión pública.

En ese sentido, habida cuenta de que las mayores deficiencias de la gestión pública se encuentran en los gobiernos subnacionales, y de acuerdo a mis recomendaciones dadas en un artículo anterior sobre la Reforma del Servicio Civil, debiera privilegiarse en esos gobiernos subnacionales, el relanzamiento de la Política, de la mano con el proceso de descentralización.

El proceso de modernización carece de importancia si es que no va premunido de una gestión con valores, con integridad, por ello es vital la articulación correspondiente con la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción.

Finalmente, de acuerdo al concepto del valor público utilizado, es imperativo contar con la intensa participación y fiscalización de la ciudadanía. Ello desde la misma actualización de la Política y por supuesto antes y después de su aprobación.

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