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En las últimas décadas, se ha incrementado el envejecimiento poblacional[1] con una tendencia que se inclina al crecimiento a escala global. Esto ha generando diversas transformaciones sociales, culturales, económicas y políticas y, en consecuencia, la necesidad de que los Estados y las sociedades revisen los paradigmas de desarrollo y de convivencia.
Envejecimiento poblacional en el mundo
Estimaciones realizadas a nivel de América Latina y el Caribe - ALC advierten de un aumento progresivo de personas adultas mayores (en adelante, PAM) en años recientes.
Así, “en 2022 hay 88,6 millones de personas de 60 años y más, que representan el 13,4% de la población regional. Se prevé que este crecimiento continúe en las próximas décadas y que en 2030 este grupo poblacional aumente a 114,9 millones de habitantes, que representarán el 16,5% de la población total. En 2060, la población de 60 años y más representará casi el 30% de la población total, porcentaje que en términos absolutos corresponde a 220 millones de personas mayores”[2].
También es importante indicar que existen brechas de desigualdad que afectan las vidas de las PAM. Al respecto, la CEPAL señala que si bien en ALC prevalece una mayor presencia de este grupo en zonas urbanas, es en las zonas rurales donde existen mayores precariedades en el acceso a servicios y condiciones de vida.
Por otro lado, a pesar de que existen mejoras en la calidad de vida de las PAM, se debe tener en cuenta la prevalencia del trabajo informal que ejerce este grupo. Otro punto importante es la existencia de enfermedades que afectan su salud física y mental, complejizadas por las secuelas del COVID19. Se estima que un 14.4% de este grupo depende del cuidado de otras personas.
Un estudio del BID invita a considerar también la persistencia de diferentes expresiones de discriminación por edad, lo que ocasiona un mayor riesgo de experimentar exclusión e injusticias cotidianas, tanto por parte del Estado y la sociedad en general.
Esta situación guarda cierta correspondencia con la realidad peruana, debido al descenso de la tasa de mortalidad infantil, el aumento de la esperanza de vida al nacer, el incremento del uso de métodos anticonceptivos modernos, entre otros factores que inciden en una propensión a un mayor envejecimiento poblacional.
Envejecimiento de la población en el Perú
De acuerdo al INEI, en el año 1950 el crecimiento poblacional mantenía la forma de una pirámide: con una base ancha de población constituida principalmente por niños, niñas y adolescentes y una cúspide menor compuesta por PAM (5.7%).
Sin embargo, en el año 2022 esta figura triangular cambia: si bien la base de la población infantil (especialmente de 0 a 4 años) sigue siendo amplia, esta decrece hasta que vuelve a incrementarse en el segmento poblacional de 25 a 45 años y en la PAM (13.3%). Es decir, de 1950 al 2022, el segmento de PAM se incrementó en 7.6%.
En el país, también se observa la existencia de diversas formas de desigualdad que vivencian las PAM. En el Informe técnico N°01 – marzo 2023 del INEI se reportan datos relevantes en el periodo de octubre a diciembre del 2022. Veamos algunos de ellos:
- Del total de hogares del país, un 26.1% es jefaturado por una PAM, especialmente mujeres de zonas rurales (40.8%).
- 13% del grupo PAM no cuenta con algún nivel educativo o solo tiene nivel inicial.
- Se registra un 25.3% de hogares con al menos una PAM con déficit calórico.
- Existe un 85.2% de mujeres adultas mayores que presentan un problema de salud crónico frente a un 74.4% de hombres adultos mayores en esta situación; así como un 41.6% que tiene alguna discapacidad.
A ello se suma la discriminación que experimentan, ya que según la II Encuesta Nacional de Derechos Humanos del MINJUSDH, el 55% de encuestados considera que las PAM sufren algún grado de discriminación.
Normativa internacional
Frente a esta situación, a nivel internacional los diferentes Estados han aprobado normativas que permitan garantizar, proteger y promover los derechos de las PAM. Entre las principales se encuentran:
La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), que establece que todas las personas tienen derechos y libertades sin ningún tipo de distinción.
Los Principios de las Naciones Unidas a favor de las Personas de Edad (1991), que instan a los gobiernos a incorporar los principios de independencia, participación, cuidados, autorrealización y dignidad en sus políticas de intervención.
La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (2015), que constituye uno de los primeros instrumentos jurídicos vinculantes para los Estados parte, cuyo objeto es “promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad”[3].
Normativa nacional
En el Perú se han realizado algunos avances. Entre ellos se encuentran:
Ley N°30490, Ley de la Persona Adulta Mayor
La Ley N°30490, Ley de la Persona Adulta Mayor (2016) cuyo objeto es “establecer un marco normativo que garantice el ejercicio de los derechos de la persona adulta mayor, a fin de mejorar su calidad de vida y propiciar su plena integración al desarrollo social, económico, político y cultural de la Nación”[4].
Esta norma estipula deberes específicos del Estado para proteger y promover derechos fundamentales de este grupo poblacional, siendo algunos de ellos:
- Vivir una vida digna, plena, independiente, autónoma y saludable.
- La no discriminación por razones de edad.
- La igualdad de oportunidades.
- Recibir atención integral e integrada, cuidado y protección familiar y social, de acuerdo a sus necesidades.
- Vivir una vida sin ningún tipo de violencia
- Acceder a programas de educación y capacitación.
- Participar activamente en los asuntos públicos, entre otros.
Cabe indicar que, esta norma cuenta con un reglamento.
Política Nacional Multisectorial para las Personas Adultas Mayores al 2030
En 2021 se aprobó la Política Nacional Multisectorial para las Personas Adultas Mayores al 2030-PNMPAM. Esta se constituye en “el primer instrumento estatal que organiza las intervenciones del Estado en su conjunto entorno a una situación futura deseada, objetivos prioritarios, indicadores y metas, lineamientos y servicios para abordar efectivamente los problemas que enfrentan las PAM y que, además, define las responsabilidades de los diversos sectores, gobiernos regionales y locales e instituciones involucradas, así como promueve la participación de la sociedad civil en los tres niveles de gobierno”[5].
Cabe indicar que, esta política es de cumplimiento obligatorio para todas las entidades gubernamentales a nivel local, regional y nacional. Su conducción recae en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP, quien a su vez es responsable del seguimiento y evaluación de la misma.
A continuación presentamos sus objetivos y lineamientos principales:
Objetivo estratégico 1. Garantizar el derecho al cuidado y buen trato para una convivencia sin discriminación de las PAM.
1.1 Prevenir toda forma de violencia contra las PAM
1.2 Implementar intervenciones especializadas para las PAM en situación de riesgo
1.3 Fomentar una cultura de cuidado y buen trato para las PAM
1.4 Fortalecer el marco normativo para armonizar y articular las acciones de las instituciones públicas y privadas vinculadas en la implementación de la PNMPAM
Objetivo estratégico 2. Promover el envejecimiento saludable en las PAM
2.1 Fomentar el cuidado de la salud con orientación de estilos de vida saludable, consejería y autocuidado con corresponsabilidad de la PAM, familia y comunidad
2.2 Fortalecer las competencias del recurso humano en temas de promoción del envejecimiento saludable, prevención de riesgos y enfermedades, cuidados integrales, resolución de problemas, rehabilitación y cuidados al final de la vida de la PAM.
2.3 Garantizar el acceso a prestaciones de la salud y sociales acorde a las necesidades de las PAM
2.4 Garantizar la cobertura universal para la atención integral en salud de las PAM de acuerdo con sus necesidades
2.5 Fomentar la investigación sobre salud, bienestar, envejecimiento de las PAM en los tres niveles de gobierno
2.6 Fomentar las redes de apoyo sociosanitarias para cuidar las necesidades de asistencia social, económica y/o sanitaria de las PAM
Objetivo estratégico 3. Garantizar prestaciones contributivas para las PAM
3.1 Mejorar la cobertura de los afiliados al sistema previsional
3.2 Incrementar el número de PAM que cuentan con pensión contributiva y no contributiva
3.3 Procurar un sistema previsional con pensiones dignas
Objetivo estratégico 4. Garantizar el acceso, permanencia, culminación y calidad de la educación de las PAM en todos los niveles y modalidades educativas
4.1 Ampliar la cobertura en la educación básica comunitaria y técnico-productiva de acuerdo con las necesidades de las PAM
4.2 Incorporar metodologías y estrategias intergeneracionales para el desarrollo de aprendizajes en las personas adultas mayores
4.3 Fomentar la gestión de conocimiento sobre el proceso de envejecimiento y vejez
4.4 Transversalizar el proceso de envejecimiento en el sistema educativo
Objetivo estratégico 5. Fortalecer la participación social, productiva y política de las PAM
5.1 Implementar mecanismos de participación política, social y económica en los 3 niveles de gobierno para las PAM
5.2 Implementar programas de mejora, recuperación y/o desarrollo de infraestructura y espacios públicos sostenibles, equipados y con pertinencia territorial para las PAM
5.3 Generar la accesibilidad en el transporte, seguridad, vivienda, centro laboral, turismo y espacios recreativos, acorde a las necesidades de las PAM
5.4 Implementar modelos de gestión y/o programas especializados para la gestión del riesgo de desastres, atendiendo a las particularidades de cada territorio y necesidades de las PAM
5.5 Desarrollar competencias productivas y de gestión de emprendimientos para las PAM
En conclusión, la implementación de esta política y demás normas afines son fundamentales para erradicar progresivamente la discriminación estructural por motivos de edad contra las PAM.
Este contexto es una oportunidad para repensar nuestra actuación ciudadana y renovar nuestro compromiso con respecto a abordar el envejecimiento bajo una perspectiva social, integral, heterogénea y justa.
Además, es clave que el Estado peruano, en todos sus niveles de gobierno, fomente una gestión pública moderna, concertada y participativa para atender las necesidades específicas de las PAM de manera oportuna y eficiente.
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[1] Según la Política Nacional Multisectorial para las Personas Adultas Mayores al 2030 se entiende como el aumento de la proporción y número de personas de 60 y más años, y la disminución de los grupos de edades más jóvenes debido a la reducción de las tasas de fertilidad y mortalidad.
[2] CEPAL. (2022). Envejecimiento en América Latina y el Caribe: inclusión y derechos de las personas mayores. P. 22
[3] Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. (2015). P. 3
[4] Ley N°30490, Ley de la Persona Adulta Mayor. Art. 1
[5] Política Nacional Multisectorial para las Personas Adultas Mayores al 2030. P. 3
* Magíster en Género, Sexualidad y Políticas Públicas. Profesional en ciencias sociales con experiencia senior en la conducción y gestión por resultados de proyectos, programas y políticas públicas en diferentes realidades y campos del desarrollo –impulsadas por entidades públicas, de la sociedad civil y organismos de cooperación internacional–; así como en la incorporación de enfoques de desarrollo sostenible, género, interculturalidad, inclusión social y derechos humanos.
