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El tema del agua tiene que ver con el poder y, por lo tanto, pertenece a la esfera de la gestión pública. El Perú es uno de los países más ricos del mundo en cuanto a oferta hídrica si consideramos la cantidad de metros cúbicos disponibles por habitante.
En un contexto global de cambio climático, deterioro de la biodiversidad y un tercio del agua dulce global perdida, el tema del agua es una prioridad para el sector público peruano y una fuente de desarrollo a futuro.
Los pronósticos indican que en los próximos años la demanda mundial de agua aumentará en un 55%, debido a la creciente demanda de la industria (+400%), la generación de energía termoeléctrica (+140%) y el uso doméstico (+130%).
En Perú contamos con 159 unidades hidrográficas: 84 pertenecen a la vertiente del Atlántico, 62 a la del Pacífico y 13 a la del Lago Titicaca. ¿Por lo que cabe la pregunta, estamos administrando bien este recurso?
Uno de los roles del Estado moderno es diseñar políticas públicas sustentables que le permitan a las personas hacer uso de los recursos disponibles sin comprometer las posibilidades de disfrute de las próximas generaciones. En este sentido, la gestión del agua debe ser incluida en la esfera de las decisiones políticas, sociales y económicas de un estado. A continuación compartimos algunos de los retos que afronta la gestión del agua en nuestro país.
Escasez de agua
La hiper concentración de población en cuencas hidrográficas genera lo que los expertos califican como un estrés hídrico severo. De hecho, en el Perú el 80% de la población se sitúa en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas que representan apenas el 30% de las cuencas hidrográficas del país. Mientras que en la vertiente del Atlántico se concentra el 97,7% del volumen total del agua, pero apenas se ubica el 30% de la población.
¿Cómo enfrentar esta realidad desigual para garantizar el acceso del líquido a todas las personas? Es una de las preguntas que desde la gestión pública se deben atender.
Calidad del agua
No sólo basta con el acceso. El agua debe ser segura y de calidad. Las aguas residuales de ciudades con un rápido y desordenado crecimiento, el vertimiento de residuos sólidos en los cauces, el empleo de químicos y pesticidas en la agricultura, así como la minería ilegal han comprometido la calidad del agua de muchos ríos y lagos.
Tomar las medidas políticas necesarias para proteger nuestros recursos acuíferos es tarea de una gestión pública comprometida con la ecología y el progreso sostenible.
Conflictos latentes
A nivel global, se prevé que para el 2050 más de 240 millones de personas no tendrán acceso al agua. Esta escasez es una fuente de conflictos potenciales en el mundo y en nuestro país.
En este sentido, gestionar el acceso al recurso implica garantizar principios de seguridad jurídica que minimicen las probabilidades de conflicto. Una de las maneras para lograrlo es a través de políticas públicas que formalicen los derechos de uso del agua, es decir, que regulen las concesiones, autorizaciones y permisos, estableciendo compromisos, deberes y derechos que protejan la biodiversidad.
En el pasado, el agua era considerada ilimitada. Pero hoy en día es entendido como uno de los recursos más preciados y susceptibles sin el cual se compromete la vida de los seres humanos.
Para los nuevos profesionales, formarse en la gestión pública del agua es una gran oportunidad de especialización. Las crecientes preocupaciones sobre el acceso, el uso y la calidad del agua reclaman lineamientos estratégicos que permitan aprovechar el recurso de forma sustentable con la mirada puesta en su creciente demanda que va asociada directamente al crecimiento económico de la población del país. Te invitamos a conocer nuestro Programa de especialización en Agua y Saneamiento Rural.
