Para lograr la modernización del país el Estado Peruano tiene que enfocar su atención en mejorar la gestión de la inversión pública
En el 2018 el crecimiento económico del Perú habría sido uno de los más altos de la región con un 4 %; sin embargo, la lucha contra la corrupción, así como la mejora de la gestión de la inversión pública para reducir brechas de infraestructura constituyen ejes centrales de las políticas de Estado para promover el crecimiento económico y otorgar calidad de vida a todos los ciudadanos equitativamente. (MMM 2019-2022)
En ese sentido, fortalecer una eficiente gestión de la inversión pública evitará retrasos en la provisión de algunos servicios, y a su vez permitirá revertir de manera oportuna situaciones problemáticas indeseadas, trabajar en base a resultados y promover la participación ciudadana, enfocándose en sus necesidades, de manera transparente y accesible.
Teniendo en cuenta que una inversión pública eficiente y eficaz logra metas al mínimo coste y en tiempo óptimo.
La gestión de la inversión pública puede definirse como la realización de las acciones conducentes a incrementar la capacidad productora de bienes y servicios públicos en un país, como son los servicios de educación, salud, agua y saneamiento, entre otros.
Sin embargo, de acuerdo a la Constitución Política del Perú, el fin supremo de la sociedad y del Estado es la Persona humana, por cuanto los beneficios de la gestión de inversiones deben traducirse en indicadores que involucren directamente a la persona humana.
Así, se pueden citar indicadores referidos al acceso de las personas a los diferentes servicios públicos en términos de cantidad y calidad.
Como ejemplo, se puede citar los indicadores referidos a cobertura de los servicios de saneamiento (cantidad), que deben necesariamente estar acompañados de indicadores de calidad, como son la continuidad del servicio (horas/día), presión, tratamiento de aguas residuales y satisfacción del cliente, entre otros.
En ese sentido, los beneficios de una eficaz y eficiente gestión de la inversión pública se manifiestan directamente en la persona que recibe los servicios, resultando relevante destacar que esta calificación la recibirá si estos servicios se prestan de manera oportuna.
Se pueden citar muchos ejemplos de poblaciones que no acceden aún a servicios públicos y de los que sí acceden, estos no se prestan en la cantidad y calidad que establecen los estándares técnicos. Para estos casos, los Estados cuentan con una herramienta que es la Inversión Pública, que gestionada de manera eficaz y eficiente podría revertir de manera oportuna estas situaciones problemáticas y no deseadas.
Conviene detenernos un momento y establecer una comprensión de eficacia y eficiencia. Eficacia se define como la “Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera.” Por su lado, eficiencia se define como la “Capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado.” (DRAE, 2018)
Por lo tanto, se podría indicar que una gestión de la inversión pública eficaz y eficiente se caracteriza por lograr el objetivo propuesto disponiendo de los recursos para tal efecto.
Es por ello que generalmente se asocia la eficacia con el logro de las metas físicas de una inversión y la eficiencia al uso de recursos insumidos para alcanzar dichas metas. Es decir, lograr la mayor cantidad de metas físicas al mínimo coste.
Bajo el escrutinio de los conceptos anteriores, se puede determinar cómo beneficios de una eficaz y eficiente gestión de la inversión directamente al logro de los objetivos propuestos por la inversión al mínimo coste.
Por ejemplo, si un proyecto propuso la instalación de un colegio con capacidad para 300 alumnos, este se alcanzó dentro o antes de los plazos previstos, dentro del presupuesto previsto y con la calidad diseñada.
Desde luego, lo anterior es una evaluación parcial de los beneficios de la gestión de inversiones, dado que este concepto nos lleva a determinar que lo más importante no es la instalación de un activo, sino lo esencial es garantizar la prestación del servicio.
En ese sentido, el beneficio realmente deseado es aquel que se produce cuando se inicia la prestación de un servicio público, y este se presta con los niveles de servicio que cumplen el estándar mínimo establecido.
Lo anterior nos lleva a plantear otro tipo de cuestiones, como una pregunta inversa que sería la siguiente: ¿cuáles son los costos o perjuicios de una ineficaz e ineficiente gestión de las inversiones?
A lo cual se responde que el principal costo derivado de ello es la ausencia del servicio y por ende el consumo postergado de estos servicios por parte de los usuarios.
Se considera que este es el perjuicio mayor, dado que relega del consumo de estos servicios a las poblaciones, que en muchos casos tienen que asumir costos elevados para agenciarse de los servicios o simplemente carecer del consumo de ellos o de optar por otros sustitutos.
Mientras más ineficiente e ineficaz es la gestión de inversiones, más inoportuna es la prestación de los servicios. Por cuanto en términos de inversión se habla mucho del tiempo óptimo de realizar una inversión.
Sin embargo, este concepto se aplica más para postergar una determinada inversión por su baja o nula demanda. Pero puede ser aplicado también para evaluar cuanto tiempo o años de retrasos se tiene en la provisión de algunos servicios.
Al ser la inversión pública un monopolio del Estado, dado que los privados no proveen los servicios que brinda el Estado, es esencial para garantizar el bienestar general de la población que estos sean gestionados de manera eficaz y eficiente, a fin de garantizar el acceso de los servicios públicos a la población que lo demanda, cuya prestación debe medirse siempre en términos de calidad y cantidad, pero sobre todo de oportunidad, a fin de evitar que se postergue la materialización de los beneficios por no acceso a dichos servicios.
Ahora que conoces más sobre inversión pública, puedes dar el siguiente paso y conocer el Programa de Especialización en Gestión Pública.