La gestión de personas en el sector público: tendencias y desafíos

Las múltiples necesidades y tareas pendientes de un país como Perú obligan a tener una gestión pública moderna, eficiente y rápida con facilidad de servicios de calidad a los ciudadanos. Ante ello, la gestión pública en el Perú aún representa problemáticas como la ausencia de una perspectiva estratégica para la gestión de personas.

“En la mayoría de las entidades públicas, todavía la comprensión y las acciones de la gestión de recursos humanos es predominantemente operativa y, por tanto, desconectada de los objetivos estratégicos de la misma”, comenta el profesor Andrés Corrales, docente de la Maestría de Gerencia Pública de la Universidad Continental.

Además, el servicio civil en el Perú no es meritocrático, con baja institucionalidad, falta de idoneidad, expuesto al clientelismo político, con alta rotación y falta de garantías para un servicio de calidad en favor de la ciudadanía.

Teniendo en cuenta este diagnóstico, a continuación, te detallamos cuáles son las nuevas tendencias en la gestión de personas en el sector público:

Una perspectiva estratégica

Según los lineamientos de la Carta Iberoamericana de la Función Pública, propuesta por el profesor español Francisco Longo y que el Perú ha suscrito, los procesos de gestión humana deben formar parte de una estrategia integrada con los objetivos de la institución, señala el profesor Corrales.

“Las nuevas tendencias en gestión de personas en el Sector Público parten de una concepción estratégica e implica que, a través de los diversos procesos de gestión humana, se vincule a las personas con los objetivos estratégicos de la organización”, sostiene.

Estas estrategias deben generar sinergias y un compromiso por parte de los servidores públicos para con los objetivos de la institución y, sobre todo, para con el ciudadano, quien es el que finalmente recibe los servicios públicos.

Una gestión por competencias

La gestión de competencias en el sector público es una herramienta para predecir el éxito en el desempeño de las personas a partir de la identificación de los comportamientos positivos que hayan permitido alcanzar logros en una institución. A través de la gestión de competencias se busca alcanzar el mejor rendimiento de cada servidor público.

“Lo más relevante en gestión de personas consiste en aportar al logro de los objetivos de la organización, elaborando de forma técnica perfiles de puestos, realizando procesos de selección por competencias, desarrollando capacidades alineadas con dicho propósito, gestionando el rendimiento hacia dichos logros, entre otros”, sostiene nuestro catedrático Andrés Corrales.

Por ello, con la finalidad de alcanzar los mejores niveles de rendimiento, los diversos servicios civiles elaboran una lista de competencias genéricas para los puestos directivos - y así - seleccionar personal a través de perfiles, capacitación, evaluación del desempeño, entre otros.

Un servicio civil profesional

Los países con las mejores economías del mundo, como en los Estados de Bienestar y los de la OCDE, tienen una gestión pública con ingreso meritocrático que inicia desde temprana edad, además altos niveles de institucionalidad y constante capacitación que permite alcanzar la excelencia profesional.

En el Perú, la Ley del Servicio Civil intenta institucionalizar al sector público. Sin embargo, se ha estancado en el camino al intentar absorber a los diversos regímenes salariales, laborales y sectoriales.

“El principal reto pendiente es sin duda la implementación de la Ley del Servicio Civil que es la principal herramienta para contar con un servicio civil profesional. Ello supone generar consensos y obtener el respaldo de las fuerzas políticas y de la sociedad civil a la construcción de un servicio civil meritocrático como una Política de Estado”, sostiene Andrés Corrales.

Como verás, los retos y desafíos de la gestión pública en el Perú son amplios. Quizás el más importante es la institucionalización para luego plantear las herramientas que permitan mejorar los flujos de trabajo, elevar las competencias de los gestores públicos y así, alcanzar los objetivos institucionales que permitan lograr beneficios para el ciudadano.

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