El Artículo 59° de la Constitución1 señala que el Estado estimula la creación de riqueza, garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. En gran medida, esta norma no es muy distinta a diseños como el de la Constitución de 1979, en los cuales el éxito del desarrollo económico parecería estar más enfocado en la acción del Estado que en la acción realizada por los particulares.
Ello ocurre porque la promoción del desarrollo económico y social – y el estímulo de la riqueza - deben ser efectuadas básicamente por el mercado y no por el Estado, el cual debe limitarse a corregir las imperfecciones en el mercado y eliminar las posibles distorsiones que se produzcan, muchas de las cuales son de responsabilidad de la propia autoridad política, como lo hemos señalado en anteriores entregas de este blog.
La Constitución no establece cómo el Estado debe estimular la creación de riqueza, puesto que no se establece si el estímulo es directo o si más bien consiste en remover los obstáculos que impiden un desarrollo empresarial adecuado, en especial aquellos obstáculos generados por el propio Estado, como pueden ser las barreras burocráticas. Una interpretación “progresista” de la norma podría llevarnos a pensar que dicho estímulo es directo, requiriendo de una intervención continua del Estado en la actividad económica.
Las libertades empresariales, y en especial, la libertad de empresa, en tanto son derechos constitucionales, resultan ser fundamentales en una economía de mercado. Un sistema económico en el cual se limite indebidamente las mismas no es una economía de mercado sino una economía intervenida. La libertad de empresa es el mecanismo a través del cual el ser humano hace efectiva su deseo de procurar satisfacer necesidades de los demás a través de la actividad empresarial y con un legítimo afán de lucro.
En tal sentido, debe diferenciarse claramente la libertad de empresa de la libertad de trabajo, las mismas que se tratan de manera separada2. La libertad de trabajo se vincula de manera directa con la prestación de servicios realizada por una persona, en particular la que es realizada en relación de subordinación. A su vez, dicha libertad de trabajo posee un componente negativo y otro positivo, en tanto libertad de no ser obligado a desempeñar un trabajo o dejar de desempeñarlo de manera indebida, y a la vez, la de elegir el trabajo que un prefiera y desempeñarlo libremente dentro del marco establecido por el ordenamiento jurídico, incluido el establecido por el empleador.
Como todo derecho fundamental, la libertad de empresa tiene un ámbito subjetivo, que se encuentra enfocado en la persona como individuo, y un ámbito objetivo, que se dirige a la importancia social del ejercicio del derecho. Ambos ámbitos justifican la protección que el Estado brinda al derecho a través de los diversos mecanismos establecidos en la Constitución y en la Ley.
En el primer ámbito, la libertad de empresa proviene directamente del concepto de autonomía de la persona humana, siendo una manifestación de su libertad individual3, puesto que permite que el particular ejerza su libertad individual en el mercado, siempre que se haga de manera lícita y no perjudique a otros de manera indebida, considerando que el daño generado por la competencia leal es por completo lícito. Asimismo, toda persona tiene derecho a los resultados lícitos de la actividad que realice, lo cual a su vez le permite generar una mayor prosperidad4.
Asimismo, en el ámbito objetivo, las libertades económicas resultan ser fundamentales en una economía de mercado. Un sistema económico en el cual se limite indebidamente las mismas no es una economía de mercado sino una economía intervenida, en la cual no existe verdadera creación de riqueza. Ello porque la libertad de empresa es el mecanismo a través del cual el ser humano hace efectiva su deseo de procurar satisfacer necesidades de los demás a través de la actividad empresarial y con un legítimo afán de lucro.
Una mayor libertad de empresa implica un mayor desarrollo económico y social en una economía determinada. No es casualidad que los países más industrializados posean los mayores índices de libertad empresarial y que aquellos que se han industrializado rápidamente generaron el cambio a través de la apertura de sus mercados y la abolición de las reservas estatales. Asimismo, los llamadas estados de bienestar poseen niveles elevados de libertad económica, contrariamente a lo que se acostumbra pensar sobre el particular5.
Las libertades empresariales en general, y la libertad de empresa en particular, se reconocen derechos complejos conformados por determinados componentes que configuran su contenido esencial6. En primer lugar, la libertad de empresa implica la posibilidad de crear organizaciones empresariales, dentro de los márgenes fijados por la ley, los cuales son suficientemente amplios, así como la libertad para adquirir organizaciones ya existentes7.
Ello implica la libertad que tienen todos los particulares – libertad que no posee el Estado, dado el principio de subsidiaridad al cual nos hemos referido anteriormente en este blog – para acceder al mercado. La libertad de acceso genera respecto del Estado la obligación que respete las reglas del mercado, y a la vez, que se comprometa a defender la libre competencia como también hemos visto anteriormente.
Por otro lado, la libertad de empresa implica la posibilidad de configuración interna de la empresa, en términos de organización interna, composición de los órganos de dirección, e incluso, su denominación y ubicación. Este concepto admite ciertas limitaciones por razones de interés general, algunas de las cuales resultan ser sumamente discutibles.
Asimismo, debe indicarse que la libertad de empresa incluye la libertad de dirección, la misma que se encuentra referida a la producción, inversión, política comercial, precios – elemento de particular importancia – y contratación. Este ámbito de la libertad de empresa admite ciertas limitaciones, muchas de las cuales resultan ser también muy controvertidas.
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2RUBIO CORREA, Marcial – Marcial – Estudio de la Constitución Política de 1993. Lima: Fondo Editorial PUCP, 1999, Volumen 3, p. 226-227.
3MARTIN-RETORTILLO BAQUER, Sebastián – Derecho administrativo económico. Madrid: La Ley, 1991, p. 171.
4HUERTA DE SOTO, Jesús – “La Libertad de empresa como imperativo moral”. En: Anuario de economía. Madrid: Negocios Ediciones, 1996, pp. 78 a 79.
5https://www.heritage.org/index/ranking.aspx
6ARIÑO ORTIZ, Gaspar – Principios de Derecho Público Económico. Granada: Comares, 1999, pp. 219 y ss.
7GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNANDEZ, Tomás-Ramón - Curso de derecho administrativo. Madrid: Civitas, 2000, T. 1, p. 856.