La regulación como rol del Estado

Entre el totalitarismo y el liberalismo se mueve el rol del Estado.

De un lado, el Estado absoluto, propietario no solo de todos los bienes, sino también del presente y futuro de la población. En dónde vivir, cuántos hijos tener, qué libros leer. Tanto el Comunismo Chino, el Socialismo de la URSS, como los Estados Religiosos Islámicos o el nacional socialismo de Hitler intentaron un control sobre la vida y el espíritu de la sociedad.

Del otro lado, el liberalismo del siglo XIX. Un Estado totalmente ausente, dejando que las relaciones comerciales compren y vendan vidas como fuerza de trabajo, sin límites, esclavizando personas y permitiendo que la dignidad y los derechos sean un bien privado de quienes tienen dinero para comprar justicia y seguridad.

Ambos extremos han demostrado su ineficacia y su inhumanidad. En respuesta el Estado democrático moderno se equilibra entre el respeto a las libertades y la protección de sus ciudadanos. Como bien diría mi abuela sobre una vela: “Ni tan cerca que queme al santo, ni tan lejos que no lo alumbre”.

El Perú, como República democrática con un modelo de economía social de mercado, apunta a construir una sociedad en la que el liberalismo sea solo frenado por la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad como fin supremo de la sociedad y del Estado, según narra el artículo 1 de nuestra Constitución Política.

Nuevo liberalismo o Neoliberalismo le llaman, en todo caso es liberalismo con responsabilidad social del Estado. Por eso nuestra Carta de Navegación señala que la iniciativa privada es libre, se ejerce en una economía social de mercado y bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura.

Es en esta frecuencia del espectro liberal, que el Estado Peruano asume un rol regulador de la prestación de la producción de bienes y prestación de servicios públicos y privados. Desde las formas en que se adquiere o recupera la nacionalidad, pasando por el ingreso a la carrera administrativa o el derecho de huelga, hasta el uso de los tóxicos sociales.

Si bien la Constitución Peruana no diferencia claramente cuándo su referencia al Estado lo es al aparato de gobierno o a la población en su conjunto; asumimos que los mandatos, atribuciones o tareas encargadas al Estado están referidas a las instituciones públicas en los diferentes niveles de gobierno, Poderes del Estado y figuras públicas autónomas.

Así, la ley del Poder Legislativo regula. El reglamento expedido por el Poder Ejecutivo también. Una sentencia judicial puede hacerlo cuando es de observancia obligatoria y un instrumento normativo de la Contraloría o el Jurado Nacional de Elecciones igualmente.

Si las políticas públicas son las orientaciones y decisiones de los entes estatales para prevenir o resolver los problemas de la población a la que se debe, entonces cada conjunto de normas y acciones en consecuencia, constituyen las reglas de juego de la nación peruana.

Son expresiones de políticas públicas los instrumentos regulatorios que disponen los límites al ejercicio de la libertad, así un productor, un comerciante, un prestador de servicios deberá ejercer su actividad cuidando cumplir con las condiciones que el Estado le exige. La regulación se vuelve así garantía de que las acciones de peruanos, peruanas y residentes respetan la salud, el ambiente, la sostenibilidad o la libertad de elegir de cada miembro de la sociedad.

Este rol regulador del Estado no cumple su cometido si no va acompañado de supervisión o control y sanción cuando corresponda. No basta que el artículo 25 de la Constitución regule uno de los derechos más importantes que haya ganado la sociedad si el propio Estado no vela por su cumplimiento.

El enunciado 59 de la Carta fundamental de nuestra actual República democrática, dice que no solo se debe estimular la creación de riqueza y garantizar la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria, sino que se debe velar porque el ejercicio de estas libertades no sea lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad pública; por ello el Estado recibe el mandato de brindar oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad; como las pequeñas empresas en todas sus modalidades.

Durante la vigencia de la Constitución Política de 1979 existía la creencia según la cual, como señala Jorge Fernández-Baca, […] los servicios públicos debían ser brindados por una empresa estatal, y no por una privada, por la simple razón de que no está atada al motivo de lucro. […] Aun hoy en día muchos funcionarios y servidores a cargo de una institución ven con desconfianza la actividad privada que suma, a los costos de producción y entrega, las utilidades que generan riqueza a sus propietarios. Esos trabajadores del Estado, incluyendo a varios niveles de políticos en cargos de mando, no conocen o no reconocen el rol regulador del Estado.

No solo los conocidos argumentos de Mises y Hayek, (ilustrados después por Milton Friedman) quienes, en palabras de Fernández-Baca, […] reformularon el famoso principio de la ≪mano invisible≫, formulado por Adam Smith. […] sino la experiencia de nuestro país en sus distintos gobiernos nos llevó a incluir en la Constitución Política los lineamientos de un aparato estatal regulador, que deja actuar al Sector Privado, regulando los cuidados que deben tener en su accionar para evitar perjuicios a los ciudadanos.

Toda la Constitución nos habla de este rol. Incluso la contratación pública es un mandato a las entidades estatales para que compren o contraten a los privados los bienes, servicios, obras y proyectos. Que la gestión pública ignore esas disposiciones al permitir la ejecución por administración directa, que los funcionarios se coludan con malos empresarios para robar los recursos públicos o que la regulación no venga acompañada de la necesaria supervisión, control o sanción son defectos, no efectos, del rol regulador del Estado.

Revisando la lista de políticas públicas nacionales que tiene el Perú, resalta el rol regulador del Estado a través de las mismas. Ambicioso en su diseño, complejo en su implementación. A la luz de esa realidad es una pérdida de tiempo una discusión sobre el rol del Estado en la producción de bienes y prestación de servicios. Mejor dedicar ese tiempo y esfuerzos a fortalecer la capacidad de supervisión, inspección, control y sanción. Eso es lo que hace fuerte al Estado y le otorga la autoridad y la eficiencia que todos esperan.

Una gestión pública más simple, un sistema de control como parte de los procesos, un esfuerzo conjunto por la seguridad y bienestar de la población pueden lograr, sin necesidad de renunciar al rol que la Constitución le asigna al Estado, un país más próspero y una nación más feliz.

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