Las políticas públicas (public policies en inglés) son propuestas de solución a problemas públicos, no a problemas individuales. Los problemas de una colectividad se vuelven públicos cuando la solución de los mismos corresponde legalmente a un órgano de gobierno. Es decir cuando el asunto en cuestión sea competencia de una entidad estatal.
De tal manera, las políticas públicas son la manera en la que, quienes ostentan el poder, proponen resolver los problemas de la población.
Una política pública aparece cuando se hace impostergable e imposible, para los políticos de turno, ignorar el problema que aqueja a los ciudadanos, ya sea para mantenerse en el poder o porque moral y legalmente están obligados a brindar una solución.
Puede ser que el problema exista desde hace tiempo, pero en la gran mayoría de los casos los políticos sólo le prestarán atención cuando éste se vuelva un asunto público, es decir cuando la información sobre el problema se divulgue y afecte los intereses de los políticos. En nuestro país es usual que esto se produzca a través de la protesta social.
Cuando una población se manifiesta, sea en las calles, sea en los medios de comunicación, en las redes sociales o a través de sus representantes, están pidiendo a los gobernantes que tomen decisiones sobre un problema que los aqueja. Esas decisiones, ese qué hacer es la política pública.
Una política pública puede enunciarse a través de una Ley, un Decreto, una Sentencia, planes, programas o proyectos, una priorización o una asignación presupuestal. En la gran mayoría de los casos una política pública contiene muchos o todos estos elementos. El denominador común es que en todos se requiere la toma de decisiones de las autoridades. Entonces: ¿Son los políticos los que analizan los problemas y diseñan las propuestas sobre qué hacer para resolver un problema de interés público?
Desde hace casi 70 años se vienen estudiando las políticas públicas buscando aplicar los conocimientos científicos para mejorar el contenido de las propuestas de solución contenidas en las decisiones que toman las autoridades.
Por ello escuchamos siempre mencionar al marco conceptual y a los fundamentos teóricos que justifican una propuesta de política; así como la importancia de diseñar políticas basada en evidencias. Las políticas públicas han pasado de ser una manifestación básica del ejercicio del poder político, a ser un conjunto de decisiones estudiadas y diseñadas más o menos técnica o científicamente y con una serie de supuestos que, de cumplirse, permitirían producir más efectos beneficiosos que perjudiciales y generar un cambio positivo en la sociedad.
Los avances globales en la materia son significativos, principalmente en las áreas del conocimiento en las que las experiencias previas permiten tener un mayor nivel de certeza sobre los resultados a obtener. En el Perú, un Reglamento y otras normas impulsadas por el Centro de Planeamiento Estratégico, proponen los pasos y las consideraciones a tener en cuenta para diseñar una Política Pública.
Más allá de la guía burocrática sobre las tareas a realizar, en el Perú, como en muchas partes del mundo, los profesionales de la administración pública se nutren de una visión multidisciplinaria que explica los efectos de determinados incentivos en el comportamiento de las personas; así como los cambios que producen ciertas prácticas y métodos en la calidad de vida de la población. De esas experiencias aprendemos; las prácticas exitosas son replicadas y el caso peruano no es la excepción.
Las ciencias conductuales tienen casi cien años explicando por qué los individuos actúan en la manera que actúan. Las políticas recogen ese aprendizaje y lo incluyen como incentivos que al mismo tiempo que premian el comportamiento esperado, prohíben y castigan los actos no deseados; de esa manera el Estado puede orientar a la sociedad hacia los valores deseados: la cooperación, el trabajo, la transparencia, la responsabilidad.
Asimismo las ciencias sociales explican el efecto de la cultura y las creencias en las preferencias de los individuos y las colectividades, invitándonos a conocerlas y formular políticas consecuentes con las particularidades del público objetivo al que van dirigidas.
Otras ciencias como las económicas y las políticas tratan de explicar también los efectos de las decisiones políticas en el conjunto de la sociedad y las consecuencias posibles de dichos efectos. Los especialistas de dichas áreas tienen los conocimientos y las herramientas para ayudar al Estado, en todos los niveles de gobierno, a establecer un sistema de priorización de políticas para que la inclusión y el bienestar permitan la paz social.
Si bien las Políticas Públicas son decisiones políticas, tomadas por políticos, cada vez más las ciencias sirven de base al diseño de las mismas. Así los problemas se identifican, dimensionan, analizan sus causas y efectos, realizándose estudios para determinar cuáles son las alternativas de solución que existen.
La teoría del utilitarismo señala que ante diferentes alternativas debe elegirse aquella que otorga mayores beneficios a la sociedad en su conjunto (o a un mayor número de personas) al menor costo posible (desatención o perjuicios que la decisión de política pueda causar en la población). Ese es el Análisis Costo Beneficio (ACB) usado tanto en el análisis de proyectos, programas, procesos de selección, etc.
Así como ésta, hay una serie de enfoques teóricos y técnicas científicas que permiten a los expertos analizar los problemas y contrastar las propuestas de solución, para identificar la mejor. Entonces: ¿Puede un político decidir implementar una política que no sea la mejor alternativa técnica al problema público? Si el político tiene que aceptar el resultado de los estudios que demuestran cuál es la solución óptima ¿Están los técnicos realizando el análisis sin dejar espacio de decisión a los políticos?
Sin embargo, en términos generales podemos decir que cuando las decisiones de un político se apoyan en estudios previos basados en criterios técnicos, ciertamente es la ciencia la que está justificando la mejor decisión para la sociedad, siempre y cuando se realice sobre el conocimiento de la realidad del territorio de la población que pretende afectar.
En nuestro caso, son las universidades y los centros de investigación los llamados a participar activamente en el análisis de problemas y soluciones para mejorar la calidad de las decisiones políticas que se toman en el país y así asegurar la mejora de las decisiones políticas.
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Observaciones
[1] Los problemas individuales se arreglan a través de los mecanismos de justicia formal y resolución de controversias.
[2] Tomado de publicaciones previas como: Evaluación de políticas públicas y la gestión del conocimiento. Leonor Suárez Ognio. https://blogposgrado.ucontinental.edu.pe/evaluacion-de-politicas-publicas-y-la-gestion-del-conocimiento