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Los sucesos migratorios ponen a prueba la capacidad de respuesta de los diferentes países para garantizar, de forma irrestricta, el ejercicio de derechos y libertades individuales que posibiliten a los migrantes una vida digna compatible con el desarrollo humano.
No obstante, esta loable pretensión solo sería posible —en la magnitud esperada— si los estados se comprometen a facilitar el acceso oportuno a la educación en cualquiera de sus tramos.
Esto implica reconocer la educación básica como derecho para todos los migrantes menores de edad, independientemente de la situación legal de sus padres. Para lograrlo, los estados estarían obligados a:
- Contar con las vacantes necesarias.
- Simplificar las gestiones para efectuar las matrículas respectivas.
- Desarrollar mejores marcos legales para atender la problemática migratoria.
- Y sancionar cualquier barrera que impida el acceso de los niños y niñas a las escuelas.
Sujetos de pleno derecho
En otras palabras, se espera una empatía máxima por parte los sistemas educativos para con los migrantes, a quienes se les tendría que considerar como sujetos de pleno derecho.
Al mismo tiempo, se destaca como urgente que los países redoblen sus esfuerzos por identificar, prevenir y sancionar toda manifestación descalificadora como la estigmatización, el prejuicio y la segregación en todas sus formas. En este marco, algunos organismos internacionales (UNICEF, Unesco y la OIM, entre otros) y los propios ministerios de educación, ya han advertido acerca de situaciones discriminatorias para con los migrantes.
Los esfuerzos señalados son más que urgentes dada la reciente —y creciente— feminización de la migración, especialmente venezolana y centroamericana. Este nuevo rostro de la migración pone en situación de mayor vulnerabilidad (como el secuestro, la violación sexual, la explotación y la pobreza misma) a las miles de mujeres que, con frecuencia acompañadas de sus hijos menores de edad, pretenden cruzar las fronteras de su país ante condiciones consideradas insostenibles.
Por eso debemos de evitar, en los países receptores, la reproducción de las inequidades, desigualdades y vulnerabilidades de género que hoy caracterizan a los países con gobiernos afines al bloque llamado Foro de Sao Paulo. Esto demandará esfuerzos intersectoriales para ofrecer mayor atención a las mujeres migrantes y a sus hijos menores de edad.
¿Y la educación superior?
También debemos comprender las necesidades de la educación tecnológica y universitaria en aquellos jóvenes y adultos que, habiendo abandonado sus respectivos países, desean acceder a la educación superior. Esta es una pretensión legítima que además impactaría favorablemente en el desarrollo del país receptor.
Aquí, cabe mencionar que no todos los países de la región reconocen la educación superior como derecho. Afortunadamente, buena parte de los países de América Latina (como Perú, Argentina o Ecuador) cuentan con marcos constitucionales que garantizan la gratuidad de la educación superior universitaria en las universidades públicas. Esto abarca también a las universidades públicas mínimamente aranceladas como en Brasil.
En lo que respecta a Colombia, recientemente dieron un paso importante, pues pasaron del modelo brasilero (bajos aranceles) a la gratuidad; beneficiando, en un solo semestre, a más de 720.000 estudiantes de los sectores socioeconómicos más bajos (Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2022). Se espera que estas medidas incluyan a los migrantes con deseos de acceder a los estudios universitarios.
Al mismo tiempo, países como Argentina, además de la gratuidad en las universidades públicas, ha sabido mantener el acceso libre (sin exámenes) a estos centros de enseñanza tanto a los argentinos como a los migrantes.
En este contexto, y al igual que en la educación básica, se esperaría que se garantice a los extranjeros el derecho de estudiar en un instituto superior o universidad pública bajo las mismas condiciones que gozan los ciudadanos del país de acogida.
Este señalamiento reviste actualidad puesto que algunas fuerzas políticas de la región vienen propugnando condiciones diferentes para los migrantes a fin de que paguen por estudiar en las universidades públicas gratuitas. Estas propuestas se sustentan en el hecho de que las vacantes son limitadas y que los migrantes podrían incrementar la competencia para acceder a este nivel de enseñanza. También, existen discursos asociados a que los extranjeros estarían estudiando con fondos públicos destinados a los connacionales. ¡Se espera que no prosperen estas medidas!
Adicionalmente, el derecho a la educación de los migrantes tendría que contemplar su posibilidad para acceder a becas gubernamentales para estudiar en las universidades privadas (pregrado y posgrado).
Es más, este derecho tendría que ser defendido a punto de desarrollar iniciativas que procuren la no exclusión de aquellos que carecen de documentos que den fe de sus antecedentes académicos. Para ello, los sistemas educativos (en todos los niveles) tendrían que crear y/o desarrollar dependencias especializadas capaces de entender empáticamente, ofrecer información y otorgar dispensas temporales en cuanto a los documentos necesarios para oficializar una matrícula.
Por último, se estima como necesario el desarrollar procedimientos ágiles, dinámicos y no burocráticos para que los migrantes (y los propios ciudadanos) accedan en calidad de alumnos libres a las instituciones de educación superior. Se hace este hincapié debido a que en muchas leyes universitarias de la región está consagrada esta figura (alumnos libres); pero con frecuencia las excesivas normativas internas terminan desanimando a quienes desean asistir de esta manera a las universidades.
Retos pendientes
En buena parte de los países de la región es prioritario desarrollar normas pertinentes para salvaguardar el acceso igualitario a la educación básica y superior a los migrantes. Esto demandaría, necesariamente, el reconocimiento explícito a sus derechos irrestrictos a la educación sin ningún tipo de distinción.
Debemos considerar también que este derecho no se agotaría con el acceso, sino que tendría que ocuparse de proteger la dignidad de estos estudiantes vía la prevención y erradicación de toda forma de estigmatización, discriminación, exclusión y/o segregación.
Para que esto ocurra, en lo que respecta a la educación básica, los estados tendrán que obligarse a garantizar el acceso universal de todos los migrantes menores de edad a la educación inicial, primaria y secundaria (media).
Del mismo modo, este mandato recaería en los padres de familia y cuidadores a quienes se les tendría que brindar todas las facilidades necesarias para que cumplan con su deber de matricular a sus hijos e hijas en las escuelas.
En cuanto a la educación superior, la garantía de acceso para personas migrantes no solo significaría un vital aporte a su crecimiento o desarrollo humano, sino que también se estaría contribuyendo en el plano social, al ofrecer posibilidades de adquirir competencias necesarias para el trabajo calificado.
Es importante que se conciba al sistema educativo (en todos sus niveles) como la vía pertinente para garantizar una adecuada inserción, integración cultural y participación digna en la vida social en los respectivos países de acogida.
Consciente de esta realidad, la Maestría en Educación con Mención en Docencia en Educación Superior de la Escuela de Posgrado de Posgrado de la Universidad Continental ha incluido en su malla curricular las asignaturas “Diversidad e Inclusión” y “Sistema y Políticas Educativas”.
La primera, sienta sólidas bases respecto a conceptos y enfoques sobre diversidad e inclusión. La segunda nos invita a reflexionar sobre dos aspectos clave: los diversos modelos institucionales de la educación superior (en el marco nacional e internacional) y las políticas sociales y públicas con relación a la educación superior. Descubre más sobre la maestría aquí.
* Psicólogo Educacional URP y Doctor en Ciencias de la Educación de la PUC de Chile. Es profesor y Director del Área de Conocimiento en Psicología de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental.
