Tres pilares para la lucha contra la corrupción en la contratación pública

Conoce en este artículo qué otras medidas son necesarias, además de las normas vigentes, para frenar el problema de la corrupción en las contrataciones del Estado. 

La corrupción es una de las modalidades más usadas por funcionarios del Estado, que se sirven de su poder para buscar obtener ganancias indebidas en colusión con privados en las diferentes instancias del gobierno. La contratación pública no es ajena. Más bien, es donde se originan muchos de los casos, debido a los fondos públicos que desde ahí se destinan para la contratación de bienes, servicios en general y obras en todo el país que, aun con variados cambios, no resuelven el problema de la corrupción.  

Los cambios a la normativa de contratación pública de los últimos años y la implementación del SEACE, han mejorado el escenario para que los proveedores tengan mayor posibilidad de contratar con el Estado en mejores condiciones de transparencia y competencia. No olvidemos que hace algunos años hemos tenido normas rígidas y costosas, que, bajo argumento de garantizar contrataciones de calidad, facilitaban direccionar contrataciones y adquisiciones.

Pese a los cambios normativos, hacen faltan precisiones que permitan reducir al mínimo la posibilidad de actos de corrupción, debido a los antecedentes de gestión de funcionarios del Estado.  No obstante, las normas por sí mismas no resuelven el problema de la corrupción, si no son acompañadas por la adopción de otras medidas necesarias y urgentes que están en el seno del Estado, población y de los privados, cuyos recursos e insumos deben ponerse en marcha.

Participación activa de la prensa de investigación y ciudadanía

Los programas de investigación periodística de calidad, que no abundan en nuestro pais, han contribuido significativamente en la lucha contra la corrupción, que involucra a funcionarios y servidores en los diversos niveles de gobierno de la administración pública, en colusión con los privados. 

El poder de la prensa es fundamental en un estado social de derecho que enmarca a todo gobierno democrático. Ejerce presión en la opinión pública y permite que los órganos competentes desplieguen sus recursos para el inicio de investigaciones inmediatas, para que los funcionarios enderecen su comportamiento o se impongan sanciones administrativas o penales, poniendo freno al uso indebido de fondos públicos.

Es en este espacio en donde la prensa de investigación y la participación ciudadana cumplen un rol fundamental. Por citar un ejemplo, en los últimos años se han descubierto actos de corrupción donde se han favorecido con contratos a privados, producto de actos de corrupción. Tal es el caso de ODEBRECH, el caso de ex gobernadores que purgan prisión como el Cesar Álvarez (Ancash), Gerardo Viñas (Tumbes), Alex Kouri (Callao) o Félix Moreno del gobierno regional del Callao (hoy prófugo).  

No me imagino un país sin una verdadera prensa de investigación. Con la muestra de grandes resultados en la lucha anticorrupción, y los excesos y debilidades que los canales deben fortalecer. Se trata de un objetivo que debe ser compartido con las universidades del país, con una tarea ardua en la formación de profesionales en periodismo de investigación íntegros con ánimo y valores de justicia, transparencia y objetividad.

El otro gran reto de los canales de televisión es la descentralización de espacios de investigación, para que lleguen al interior del país. Hoy en día, la prensa en regiones solo ejerce un periodismo informativo sin mayor profundidad en actos de corrupción. No es posible que, frente a problemas de corrupción en entidades públicas, la prensa que ejerce investigación que impacta en la opinión pública alegue falta de rating.

Replantear, reformular y evaluar

El Estado tiene como retos los puntos siguientes:

a) Replantear el gran problema de la meritocracia, entendido como el acceso en condiciones de transparencia y objetividad a puestos de trabajo en las diversas instituciones de la administración pública, con el propósito de tener funcionarios íntegros, creativos e innovadores en la gestión pública.

b) Reformular la figura de los cargos de confianza en todos los niveles del Estado. Actualmente, la alta rotación de funcionarios de confianza en puestos clave, no permite sostener políticas públicas urgentes de mediano y corto plazo.

c)Evaluar la autonomía de la procuraduría anticorrupción como unidad técnica especializada, para defender los intereses del Estado sin dependencia de otros órganos institucionales que distorsionan la naturaleza de sus investigaciones y la neutralidad con la que deben actuar

d) Fortalecer los órganos de control institucional para hacer controles efectivos. Hoy las OCI deben especializarse en cada área para entender lo que controlan. Sin conocimiento de la materia y del sector, es posible que el control resulte arbitrario o que se vuelva persecutorio.

e) Hacer extensivo los incentivos y premios a postores que implementan mecanismos de autorregulación y buen gobierno corporativo en los procedimientos de selección.

Medidas de autorregulación y prácticas de buen gobierno corporativo

El sector privado tiene un gran reto. Implementar prácticas de buen gobierno corporativo para gestionar con estándares de transparencia y una estructura organizacional adecuada con funciones claramente establecidas y delimitadas. Al mismo tiempo, permite que las empresas tengan un menor riesgo y mayor valor en el mercado, debido a su reputación, responsabilidad con su entorno y la confiabilidad. El objetivo es evitar las prácticas de corrupción en el seno interno y externo que no ayudan al crecimiento de la empresa.

El compliance traducido como Director Normativo o de Cumplimiento, introduce en las empresas no solo el cumplimiento estricto de las normas del sector, sino que se haga con estándares éticos y en ámbitos de independencia, autoridad y recursos. 

Las prácticas de buen gobierno corporativo y de compliance han sido recogidos en la normativa de contratación pública. Un claro ejemplo es el ISO Anti soborno, que premia a los postores con puntaje adicional en la oferta técnica económica o en los códigos de conducta o de ética o la figura de una autoridad que vigila su cumplimiento (normas de conducta o de convivencia corporativa).

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