Violencia familiar: ¿Cuál es papel de la gestión pública?

Enrique Gonzales Tamayo
Por: Enrique Gonzales Tamayo
Docente del Programa de Especialización en Planeamiento y Gestión por Resultados

Enrique Gonzales clarifica las medidas se pueden tomar, desde la gestión pública, para disminuir la violencia familiar.

Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la violencia intrafamiliar se encuentra generalizada en la región (América Latina y El Caribe) y afecta de un 14% a 38% de las mujeres en el transcurso de sus vidas. En el Perú, según datos provenientes de encuestas a nivel nacional, la violencia contra la mujer se ha generalizado. Es así que, cerca de la mitad de las mujeres de entre 15 y 39 años ha sufrido alguna forma de violencia en el transcurso de sus vidas, es decir, una de cada tres ha sido objeto de violencia emocional y una de cada diez ha sido víctima de violencia sexual. Solo un 7% de los incidentes se denuncia a las autoridades.

Según la base de datos del RENIEC que reporta la población que cuenta con documento nacional de identidad, el total de la Población del país alcanza los 35 377 443 habitantes, de los cuales el 50.8% son mujeres, y la proporción de niñas, niños y adolescentes es de 31.3% de la población según la ENDES 2019. En dicho contexto, según la misma encuesta, el 57.7% de mujeres ha sufrido violencia por parte de su pareja.

Se cuenta con 396 Centros Emergencia Mujer (CEM) que son servicios públicos especializados y gratuitos, de atención integral y multidisciplinaria, para víctimas de violencia familiar y sexual, en los cuales se brinda orientación legal, defensa judicial y consejería psicológica. Estos centros están ubicados en las 26 regiones y las 196 provincias del país. Asociado a los servicios de los CEM se han ejecutado recursos económicos mediante el Programa Presupuestal 0080 Lucha Contra la Violencia Familiar por más de S/. 77 millones el 2015, llegando a más de S/ 282 millones en el año 2019. Lo cual muestra un incremento de 363% en un período de 5 años, orientados a combatir esta problemática, esta tendencia se puede observar en el siguiente gráfico:


 

Durante el año 2020, se puede observar que el Programa Presupuestal 0080 Lucha Contra la Violencia Familiar asciende a S/ 273 093 461, habiéndose disminuido la asignación en 3% respecto del presupuesto 2019, asimismo, se reporta una ejecución presupuestal a agosto del 2020 del 43% (116 millones de soles).

El contraste del escenario de disponibilidad de recursos para combatir este flagelo que viene evolucionando en las familias peruanas, es que los casos de violencia han tenido un crecimiento exponencial en el mismo período de gestión, tal y como se muestra en el siguiente gráfico:


 

Propuestas de solución

 

Es preciso evidenciar que ante un objetivo estratégico de reducir la prevalencia de violencia familiar en el país, y contando con los recursos, así como un programa nacional articulado entre los tres niveles de gobierno (Nacional, regional y local), como es el programa presupuestal 0080 cuyo ente rector es el MIMP, es necesario reorientar los esfuerzos, mejorar la estrategia y analizar el problema de manera integral, tomando en cuenta las variables asociadas a los individuos denominados abusadores, el entorno familiar que tolera la violencia, y un entorno ciudadano donde la violencia convive con las familias y se hace cada vez una problemática recurrente que no muestra posibilidades de cambio.

Además, es necesario analizar el año 2020, donde hasta el 15 de marzo se habían acumulado 41 802 casos de violencia, donde el 50% corresponde a violencia psicológica, el 39% a violencia física y el 10% a violencia sexual, lo cual permite establecer que la presencia de esta problemática sigue mostrando un incremento sostenido. Asimismo, entre el 16 de marzo y julio de 2020 (Estado de Emergencia), se han reportado 11 129 casos, es por ello que a esta situación se le llama la “Pandemia de la Violencia”.

 

Casos de violencia Familiar y evolución de gasto presupuestal del estado

 

Es importante tomar en cuenta que, si bien hay un esfuerzo asociado a un Programa Nacional orientado a luchas contra la violencia, de igual forma el comportamiento, la tolerancia de la violencia y la débil o limitada protección de las personas sometidas al abuso, son determinantes que incrementan las probabilidades de ocurrencias de violencia, es necesaria una reflexión respecto de las variables que se vienen asociando a este mal.

Es urgente que se puedan identificar las brechas que existen en la producción de los servicios de protección a victimas de violencia familiar, con la finalidad de reorientar los esfuerzos, focalizar mejor las intervenciones y, sobre todo, buscar escenarios de prevención de violencia, considerando el análisis del comportamiento de personas y familias.

 

Por otro lado, identificar de manera interinstitucional los mapas de violencia a nivel de departamentos, provincias y distritos, con la finalidad de mejorar la estrategia de lucha contra la violencia, entonces se requiere que tanto a nivel de las Entidades del Poder Ejecutivo, como los Gobiernos Regionales y Locales, tienen que formar frente de acción, donde se orienten los recursos, se optimicen los servicios y se genere núcleos familiares territoriales para la prevención de la violencia.

 

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