Sabemos que existen grandes diferencias entre el sector público y el privado, pero ¿realmente conocemos cómo funciona el aparato público por dentro? Para familiarizarte con el tema, te explicamos estas 5 dinámicas que caracterizan el comportamiento del sector público.
Si hay algo que caracteriza a la administración pública en buena parte del mundo es su predilección por los procedimientos usualmente largos, engorrosos y complejos. La profesionalización del aparato estatal devino en burocratismo convirtiendo al Estado en un ente poderoso pero impotente para la solución de los problemas comunes del ciudadano.
Perú no es la excepción. Desde hace diez años las instituciones públicas han hecho un esfuerzo sostenido para transformar el Estado desde adentro, lo que ha implicado un trabajo en la optimización de los procesos. A pesar de ello, aún persiste una gran necesidad de articulación entre los sistemas administrativos, simplificación de trámites y reforzamiento de la capacidad institucional para cumplir los objetivos.
Uno de los primeros choques que experimentan quienes se acercan a la estructura estatal es la gran cantidad de normas y regulaciones que hay que cumplir para desarrollar una tarea o cumplir con un proyecto. Se trata de normas cuyo incumplimiento, además, supone desde multas hasta cárcel.
Entender la ley y aplicarla es un requisito indispensable cuando se trata de hacer una carrera en el Estado. Su desconocimiento no exime a los gestores públicos de responsabilidades penales en el caso de incumplirlas. Por ello, en muchos casos, los funcionarios públicos se limitan a cumplir estrictamente sus labores sin ser proactivos, por miedo a incurrir en faltas si se aventuran a ir más allá.
El reto del Estado moderno es abrir espacio para la creatividad y la flexibilidad. Educar a los funcionarios públicos sobre las normas y procedimientos, los preparará para que puedan optimizarlos y hacer más efectiva su labor sin ir en contra de las regulaciones.
En el caso de la industria privada sus objetivos son económicos. Aunque, desde el punto de vista organizacional, sus misiones y visiones apunten a fines más elevados, la meta de toda empresa es la producción de ganancias. En este sentido, se diferencia notablemente del Estado, cuyo objetivo es servir a la ciudadanía de forma eficiente para resolver sus problemas.
Sin embargo, una de las fallas principales del sector público es la ausencia de planificación para cumplir objetivos concretos. La planificación se ve a menudo amenazada por los apremios de las circunstancias ciudadanas y lo urgente termina reemplazando lo importante. Por eso, resulta cuesta arriba para el Estado emprender proyectos a largo plazo en donde la consecución de fases es la clave.
Sabemos que la materia prima para tomar decisiones acertadas es la información. En el caso de la estructura estatal, la información para la toma de decisiones no siempre está centralizada, las bases de datos pueden no estar consolidadas de forma ordenada y, a pesar de los esfuerzos para la implementación del gobierno electrónico, buena parte de la data sigue procesándose a mano, lo cual ralentiza los procesos e implanta dudas razonables sobre la calidad de dicha información.
Adicionalmente, las estructuras jerárquicas verticales, más comunes en lo público que en lo privado, complejizan los procesos de aprobación de proyectos o de asignación de recursos. Es común que una decisión que podía tomarse en tres pasos termine tomándose en seis. Sin embargo, es importante entender que el Estado debe cuidar que dicha decisión sea lo más ajustada posible a las necesidades ciudadanas resguardando los recursos.
En este sentido, el trabajo de un gestor público comprometido con un Estado más eficiente será asegurarse de contar con la información adecuada para la toma de decisiones y liderar procesos más ágiles sin comprometer la transparencia en la gestión ni el respeto a la norma.
La evaluación del desempeño en función de los resultados siempre ha sido una bandera del sector privado, mientras que, en la administración pública tradicional, la evaluación es por procesos. Sin embargo, en los últimos años el Estado peruano ha hecho esfuerzos para implementar cambios con el fin de orientarse hacia la gestión por resultados.
El cambio en el paradigma de la gestión pública orientada a resultados le permitirá al sector público contar con indicadores para monitorear la gestión de acuerdo con objetivos específicos. De este modo, la distribución de los recursos será más transparente, se establecerán responsabilidades claras sobre los proyectos y, lo más importante, podrán entregarles a los ciudadanos los resultados tangibles de la gestión pública para mejorar su calidad de vida.
Conocer las dinámicas públicas en lugar de desmotivarnos, debe servirnos de combustible para motorizar los cambios que la administración pública requiere. No olvidemos que entender cómo funciona el Estado para transformarlo desde adentro es uno de los objetivos de la gestión pública moderna. Para descubrir otras aristas sobre el tema descarga nuestro ebook gratuito: Transformación del Sector Público.