Complementando el tema de los contratos Administrativos de servicios (CAS), leemos con frecuencia en los medios, los reclamos de los sindicatos que reciben el eco de propuestas legislativas, exigiendo la finalización del régimen especial CAS. No hay duda que este régimen es temporal y nunca debió existir, sin embargo, esta es nuestra realidad y la solución para un tema social, no puede ser unilateral, sino integral, observando todos los implicados. El asunto está, en que su solución ya se ha contemplado en la Ley 30057, en donde se busca finalizar con ese régimen, en forma gradual, en la medida que se difundan los contratos meritocráticos del nuevo régimen y sean los CAS (como régimen temporal) los primeros en reemplazarse.

Nuestra ciudadanía, como principal actor implicado en este tema, merece los servidores más competentes para prestarles los servicios que le corresponden. Para ello se requiere el concurso meritocrático en el que participen necesariamente, los actuales servidores CAS. Pasar a dichos servidores directamente a un régimen permanente, como proponen los actuales proyectos legislativos sobre la materia, es desconocer la normatividad vigente, que ha sido validada por sentencias del Tribunal Constitucional. Dicha normatividad exige justamente, el contar con plaza aprobada y disponible, además de realizar un concurso meritocrático. Estos requisitos no se han cumplido en los contratos CAS.

Continuando con el Proceso de reforma del servicio civil

Cabe una mención especial el caso de las municipalidades provinciales y distritales. Ellas representan, aproximadamente el 46% de las 491 entidades actualmente en tránsito al nuevo régimen del servicio civil, es decir 227 municipalidades. 46% es un porcentaje grande de esta muestra, pero sólo representa el 12% del total de municipalidades del Perú. Paradójicamente, estas cifras son una buena y una mala noticia. Una buena, porque da mucho gusto esa confianza de los funcionarios y directivos de estos gobiernos locales, respecto a un proceso de reforma tan importante.

La mala noticia es, que aún falta bastante apoyo del estado para avanzar en esta reforma del servicio civil, pero sobre todo en las municipalidades, donde se evidencian las mayores debilidades en la calidad de los servicios y de los procesos administrativos. Se requiere pues, aprobar pronto, por parte del MEF, el reglamento de compensaciones, en el marco de la Ley N° 30057, para directivos y servidores de municipalidades. Los gobiernos locales que están en tránsito, no están en capacidad de culminar su proceso, porque su Dotación y el Manual de perfiles de puestos, no pueden traducirse en valorizaciones que permitan concretar las remuneraciones de cada puesto, por la falta de ese reglamento. Ello no ha sucedido desde la aprobación del reglamento de compensaciones, de aplicación sólo para el gobierno nacional y los gobiernos regionales, en junio de 2014.

Se espera que los criterios con los que el MEF fije los parámetros de dichas valoraciones, sean distintos a los que normalmente ha utilizado. Suele decirse que la remuneración de los directivos y servidores de los gobiernos subnacionales, sobre todo la de los gobiernos locales, deben ser inferior a la de los directivos y servidores del gobierno nacional. La justificación la encuentran en que normalmente, el costo de vida y el nivel de sueldos, es más bajo en las municipalidades del interior del país. Sin embargo, el estado, al igual que las grandes corporaciones, debe estar siempre en busca del mejor talento, para laborar en ámbitos alejados de las metrópolis que es donde se requiere urgentemente elevar la calidad de los servicios públicos. Inclusive las corporaciones privadas, muchas veces pagan más por esos puestos alejados, para asegurarse que quieran ir los mejores, en vez de quedarse, por diversas razones en la capital o en las grandes ciudades.

El Estado no se da cuenta del conocido “costo de oportunidad” Nos quejamos de la falta de personal competente en las municipalidades y no vemos que por no pagar adecuadamente al talento en ellas, dicho talento se va a dónde le pagan mejor, y no se queda en su municipalidad o tampoco regresa cuando se encuentra profesionalmente más desarrollado, o simplemente cualquier profesional competente en el gobierno nacional, no está dispuesto a trabajar en una municipalidad y sacrificar significativamente sus ingresos, a pesar de tener una alta vocación de servicio.

La reforma del servicio servir

Por otro lado, Servir ha venido trabajando en los últimos años, a través de consultorías especializadas en el tema local. En primer lugar, se ha preocupado en contar con un diagnóstico de una muestra de municipalidades que permita establecer tipologías de acuerdo a determinadas condiciones similares. Luego, sobre esa tipología, se han preparado herramientas e instrumentos que faciliten la implementación de la reforma del servicio civil en cada una de las tipologías definidas, o en todo caso en aquellas con menores recursos para poder implementar dicho proceso. A continuación, ha validado esas herramientas. Se espera que próximamente se empiecen a aplicar dichos instrumentos que facilitará un proceso de implementación más dinámico y económico, sobre todo para las entidades con menores recursos y mayores necesidades de mejorar la calidad de sus servicios prestados.

Una reforma del servicio civil no es un tema de corto ni mediano plazo, hablamos del muy largo plazo. Al margen de la forma progresiva en que debe llevarse a cabo, por limitaciones presupuestales y de los recursos técnico - operativos del rector, deben quebrarse los tabúes existentes en nuestra cultura actual. El cambio cultural es lo más difícil, y no hablo sólo de los servidores y sindicatos. Son fundamentales los apoyos decididos del presidente de la República y del primer ministro, de los cuales se espera mucho todavía, de los presentes y los venideros. Pero el día a día está en los ministros, gobernadores regionales, alcaldes y todo jefe que ostenta el “poder de la confianza”. Es muy difícil cambiar el poder que tienen funcionarios y directivos para decidir sobre las personas que los acompañarán en su gestión. ¿Cómo le puede pedir Servir a ese ministro o jefe, que reciba a los que resulten seleccionados de un proceso meritocrático, en lugar que él los designe con su sola resolución? Si no, veamos en las normas legales con qué frecuencia se exceptúan, sobre todo, en las entidades del gobierno nacional, de los topes que establecen las normas para los cargos de confianza.

Sin embargo, se hace necesario superar estos obstáculos y brindar a la reforma del servicio civil, todo el apoyo político necesario de parte de los gobernantes de turno y los cuadros políticos próximos a asumir esa responsabilidad en un futuro cercano. Como hemos mostrado, será necesario impulsar esa reforma con enfoque intercultural, prioritariamente en los gobiernos locales y también los regionales, donde se encuentran las mayores carencias de nuestra ciudadanía.

No existe un país en el mundo, que haya alcanzado un desarrollo inclusivo y sostenible, que no haya contado previamente con un servicio civil competente y meritocrático. En medio de la pandemia en la que nos encontramos y con tantas necesidades qué atender en nuestra ciudadanía, el reto es impulsar decididamente la reforma del servicio civil ahora, con el compromiso de todos los políticos, servidores y la ciudadanía. Será este servicio civil renovado, el que a su vez continúe, sea el agente de cambio y el motor del proceso de reforma explícito en la política de modernización de la gestión pública y del proceso de descentralización de los cuales me ocuparé en un próximo artículo.

La ausencia de valores en la Gestión Pública

No podemos hablar de reforma del servicio civil, si no tocamos adicionalmente, un tema tan sensible, como lo es, la grave ausencia de valores en la gestión pública en general, pero haciendo un énfasis en los gobiernos municipales, aspecto que ha sido relevado en los medios a lo largo de toda la pandemia. Por ello quiero mencionar que la aprobación de la Política y el Plan Nacional de Integridad y lucha contra la corrupción, en los dos últimos años están muy bien encaminados y han tomado en cuenta las recomendaciones alcanzadas al Perú por la OCDE, en esa materia. Sin embargo, dados los acontecimientos dramáticos de corrupción, en momentos tan graves por parte de nuestros conciudadanos, tenemos que decir que algo no está funcionando, algo falta.

Mi experiencia en la vida personal y en el ejercicio privado y público, me ha enseñado que siempre se requiere de dos recursos para que las cosas funcionen. Nunca solo uno de ellos, sobre todo, si tenemos que lograrlo en un conjunto de entidades o comunidades tan amplias y diversas, como las 2,500 entidades del estado. Me refiero a la manzana y al garrote, el incentivo y el correctivo. He sido gerente general de organizaciones públicas y privadas y también he sido secretario general de ministerio, por lo tanto, tengo perfecta conciencia de lo que digo.

Es menester que se complemente la política y el plan nacional de integridad aprobados, con una norma que haga eco de una de las recomendaciones de la OCDE y disponga, que así como la máxima autoridad administrativa de cada entidad en el estado, es la responsable de promover la cultura de integridad en su dependencia, que ya es bastante complejo, así mismo ese funcionario o directivo, según sea el caso, deba dar cuenta a su superior cuando se presente un caso de corrupción en su entidad.

Ese gerente general, deberá dedicar la mitad de su tiempo en apoyar el cumplimiento de la misión de la entidad, apoyando al ministro, gobernador regional, alcalde, presidente ejecutivo o jefe de la entidad en la línea. La otra mitad de su tiempo, deberá usarlo para relacionarse permanentemente con sus gerentes o directores y servidores públicos, promoviendo con convicción y ejemplo la cultura de integridad y observando los riesgos para prevenir y detectar cualquier manifestación delictiva o de corrupción en su entidad. Si no lo logra prevenir, él debería dar cuenta de ello a su superior, compartiendo parte de esa responsabilidad.

Puedo decir que nuestro país necesita que se profundicen los procesos de reforma que se encuentran en marcha, además de la reforma política y la judicial. Es vital, para beneficio de los ciudadanos, nuevos estándares en salud, educación, telecomunicaciones, saneamiento y desarrollo social. Estos sectores o sistemas funcionales, son los que en esta pandemia han demostrado sus tremendas debilidades al no estar a la altura de lo que la ciudadanía necesitaba para mantener su vida, su salud, su seguridad y el acceso básico a los servicios. Las brechas de infraestructura en cada uno de ellos, tendrán que redefinirse a la luz de que nuestros países modelos, sobre los cuales habíamos establecidos nuestras metas, también han sido seriamente afectados, pero de ello quisiera poder hablarles en otra oportunidad.

Para terminar, debo decir que las causas de las fallas de esos sistemas funcionales, se encuentran en las debilidades de nuestros sistemas administrativos. Existe un sistema administrativo, el de la modernización de la gestión pública, que justamente está a cargo de la Presidencia de Consejo del Ministros y es el responsable de propiciar con los entes rectores de los sistemas administrativos, espacios de armonización a fin de articularlos, simplificarlos y actualizarlos. Se encuentra en marcha la Política de Modernización de la gestión pública que está avanzando, pero muy lentamente, y es ahora, cuando debiera relanzarse a fin de atender esas debilidades y evitar el agravamiento en la calidad del servicio de todos los sistemas administrativos. Sin embargo, debemos ser reiterativos y conscientes, que todo cambio y reforma en esos sistemas administrativos, debe ser hecho por los servidores públicos. Por consiguiente, es fundamental el avance prioritario y decidido en el proceso de la reforma del servicio civil del que hemos hablado en este artículo.

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