El 25 de marzo del 2023, la máxima administración del país publicó su Política General de Gobierno (PGG). Particularmente, no la denominó PGG al 2026, como lo hizo el gobierno del presidente Castillo; seguramente atendiendo a la situación de inestabilidad política a la que ha debido hacer frente desde que la presidenta Dina Boluarte asumió el cargo de jefa de Estado.
En el Perú, aún no tenemos una amplia experiencia en la aprobación de las PGG. El Reglamento que regula las Políticas Nacionales fue aprobado en marzo del 2018[1]. En él se sentaron las bases para contar con políticas nacionales técnicamente sustentadas y elaboradas con la participación de la sociedad civil involucrada.
Dentro de las políticas nacionales se planteó, por primera vez en el país, el concepto de política general de gobierno; definiéndose como: “…el conjunto de políticas priorizadas que se desarrollan a través de políticas nacionales durante un periodo de gobierno”[2].
El mencionado reglamento señala que a los cuarenta días de haber asumido sus funciones, el presidente de la república, y por iniciativa de este, el Consejo de Ministros, aprueba mediante acuerdo la Política General de Gobierno, en el marco de las políticas de Estado, la Visión del Perú al 2050, los objetivos del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y las políticas nacionales vigentes. Dicha política general se materializa mediante decreto supremo refrendado por el/la presidente/a del Consejo de Ministros[3].
En los considerandos de las normas que aprueban las PGG, se señala que para alcanzar el desarrollo integral del país es necesario que el Gobierno identifique un conjunto de ejes, lineamientos prioritarios y líneas de intervención de la Política General de Gobierno de cada período; interrelacionados con los lineamientos generales del discurso de asunción de mando de cada presidente constitucional y los compromisos de su política, presentados en los respectivos discursos de investidura del presidente del Consejo de Ministros ante el Congreso de la República del Perú.
En mayo de 2018, en el gobierno del presidente Vizcarra, se aprobó la primera PGG[4] que constó de cinco ejes. Cada eje estaba sustentado por lineamientos prioritarios y el presidente Vizcarra mencionó los cuatro primeros en su discurso inaugural ante el Congreso:
Podemos apreciar que una PGG con 5 ejes implica una mayor prioridad. Esto seguramente influenciado por una visión de poco más de tres años de gobierno; pues debemos recordar que el gobierno del presidente Vizcarra sucedió al gobierno interrumpido del presidente Kuczynski.
En octubre de 2021, el gobierno del presidente Pedro Castillo publicó su PGG que constó de diez ejes[5]:
Haciendo un análisis de sus lineamientos, observamos que fue bastante ambicioso y realmente, luego de poco más de un año y cuatro meses de gobierno, se logró más bien un retroceso en los ejes prioritarios. Entre ellos, en el primer eje “Generación de bienestar y protección social con seguridad alimentaria”; el segundo, “Reactivación económica y de actividades productivas con desarrollo agrario y rural” y el quinto, “Descentralización, fortalecimiento institucional y del servicio civil”.
La actual PGG está compuesta por nueve ejes:
Como podemos observar, algunos de los ejes han estado presentes en PGG anteriores y son fundamentales para el desarrollo del país y el bienestar general de la ciudadanía. Abordaremos el análisis de estos en un próximo artículo.
A continuación, nos centraremos en el análisis de los ejes y lineamientos de la actual PGG que son nuevos; es decir, aquellos que no han sido contemplados en las PGG anteriores.
La creación de este eje puede justificarse por la fuerte convulsión política y social que se vivió durante los primeros meses del actual gobierno.
Respecto al lineamiento 1.1 "Garantizar el acceso a la justicia y apoyo a las familias de las víctimas de movilizaciones sociales", podemos apreciar que en febrero de 2023 el gobierno aprobó el Decreto de Urgencia N° 006.2023[6].
Mediante el mencionado decreto se autorizó otorgar un apoyo económico, de manera excepcional, a los deudos de las personas fallecidas y a los heridos de gravedad (tanto civiles como policías) durante las movilizaciones llevadas a cabo entre el 8 de diciembre de 2022 y el 10 de febrero de 2023.
A raíz de este dispositivo, el Ministerio de Trabajo aprobó cuatro listados de personas beneficiarias de dicho apoyo, por ser los deudos de fallecidos o haber sido gravemente herida en dichas movilizaciones[7].
Si bien no es la primera vez que se aprueban apoyos económicos para personas fallecidas durante manifestaciones violentas, sí es la primera vez que se considera en una PGG el apoyo económico a las familias de las personas afectadas por manifestaciones violentas.
A la fecha, se ha autorizado el pago de S/ 6’725,000 a las familias de 57 fallecidos y 155 heridos graves; entre los cuales existe un policía fallecido y 14 policías heridos gravemente, según la descripción de los listados oficiales de beneficiarios.
No es común que en el país se de un trato similar al personal policial por fallecimiento o lesiones graves contraídas en actos del servicio y de una forma tan expeditiva. Esto sí ha ocurrido con los policías en el marco del Decreto de urgencia N° 006-2023 (mencionado líneas arriba) y el Decreto de Urgencia N° 008-2023. Este último fue aprobado en marzo de 2023, para atender de forma similar a las familias de los soldados fallecidos en Ilave, Puno, en el contexto de las manifestaciones ocurridas en esa zona en marzo de este año.
Veamos sus dos lineamientos 2.1 "Promover el diálogo y la concertación nacional" y 2.2 "Mejorar la acción coordinada de los tres niveles de gobierno".
La situación del primer trimestre del año realmente significó un gran reto para el gobierno. En marzo de 2023, los conflictos sociales llegaron a su punto más alto, sumando 221 (similar a noviembre de 2022).
Los conflictos reflejados en este primer gráfico corresponden a un proceso de seguimiento permanente por parte de la Defensoría del Pueblo, a lo largo de las cinco etapas de los conflictos.
Sin embargo, lo más impactante fue el escalamiento de las protestas colectivas en enero de 2023. A diferencia del caso anterior, los conflictos representados en el siguiente gráfico responden a factores mayoritariamente de carácter nacional y relacionados con el cambio abrupto de gobierno, adoptando rápidamente la fase de crisis.
A pesar de la aparente distención apreciada en los gráficos presentados, la situación creo que es muy seria. Digo ello porque creo que lo sucedido en el país es un despertar de sentimientos de frustración y decepción acumulados por décadas y siglos, de poblaciones que han vivido y se han desarrollado en forma muy distinta a la capital y en general a la costa. Poblaciones que han vivido situaciones de indiferencia y maltrato, pobreza y carencias que inclusive han sido aprovechadas por políticos populistas para ofrecer cambios positivos drásticos, cambios que finalmente no se concretaron.
Este es un tema complejo que debe ser tratado en el marco del enfoque intercultural crítico, que genere el debate, pero con respeto a las diferencias. Es necesaria la adopción de nuevas políticas públicas que promuevan el clima de paz e integración que nuestro país necesita para su desarrollo sostenible.
Respecto a la acción coordinada de los tres niveles de gobierno, podemos señalar que hasta marzo de 2023 el Consejo de Coordinación Intergubernamental (CCI) no registró ninguna sesión adicional a la realizada en julio de 2022, durante el gobierno anterior. Tampoco han existido registros de reuniones de los Gores Ejecutivos. Ello no es coherente con la prioridad del lineamiento de articulación intergubernamental.
Podemos señalar que el gobierno ha estado muy ocupado atendiendo la crisis política social y luego los desastres naturales ocasionados por las lluvias. Pero justamente, es esta articulación intergubernamental, y particularmente la del CCI (en el marco del proceso de descentralización), la que va a permitir dotar a los gobiernos subnacionales de las capacidades necesarias para que en el futuro asuman roles más protagónicos y eficaces en la solución de los problemas experimentados en ambos tipos de crisis.
Estoy plenamente de acuerdo con la inclusión dentro del eje 3 de la PGG: Protección social para el desarrollo, de los lineamientos 3.4 "Fortalecer la prevención y atención de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar" y 3.5 "Fortalecer la participación efectiva de mujeres en la toma de decisiones y ámbitos públicos".
Es importante que se resalte la urgencia de su atención. Solo en enero y febrero de este año, la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables atendió 23,086 consultas telefónicas sobre la violencia de género a nivel nacional.
Según el Poder Judicial, en 2022 se presentaron más de 11.000 denuncias por desaparición de mujeres en el Perú, hubo 137 feminicidios y 111 tentativas de feminicidios[8].
Considero que el maltrato a la mujer es un problema que debe dirigirse a las causas profundas del problema y debiera tratarse en un marco más amplio, el del enfoque de la interculturalidad crítica y la decolonización del poder. Ello porque en la práctica esa violencia e inequidad son eso, ostentación de un poder machista que no debe existir en ninguna sociedad. Trataremos también de tocar el tema general de la decolonización del poder en una próxima oportunidad.
El lineamiento 3.4 es todo un reto para el gobierno y para el país. Vemos en el siguiente gráfico, con preocupación, el movimiento pendular de la participación de la mujer en puestos directivos, 26.4% en 2008 y 34.4% en 2021. Según el mismo informe de Servir, por nivel de gobierno la tasa es mayor en el nivel regional (59%) y nacional (41%) y en el nivel local sólo el 25%.
No obstante, añadimos lo que implica para la brecha salarial de género una de las conclusiones del último informe de Servir sobre la situación de la mujer peruana en el sector público[9]: “Respecto a las diferencias salariales, la brecha se ha incrementado en este último año, revirtiendo la tendencia que llevaba, especialmente en el segmento directivo, la misma que podría estar explicada por el menor número de mujeres directivas en cargos de toma de decisiones registrado en el año 2021. Se mantiene la certeza que las menores brechas se dan en grupos de servidores con mayores niveles educativos”.
Debo señalar que el actual gobierno ha planteado en la PGG un tema fundamental para nuestro desarrollo sostenible y la cobertura de los servicios del estado en todo el territorio: el eje 9 “Más infraestructura y servicios para una mejor calidad de vida”.
Debemos considerar también que la mejora de la infraestructura educativa se aborda de manera especial en el eje 7. Sin embargo, el tema de infraestructura es bastante amplio y lo trataré igualmente en un próximo artículo.
Finalmente, debemos recordar que contar con expertos que puedan comprender y evaluar críticamente las políticas públicas implementadas en el país, así como los desafíos y oportunidades que enfrenta la gestión pública a nivel nacional, es fundamental para contribuir al desarrollo y mejora de la gobernanza en el Perú. El Doctorado en Gobierno y Administración Pública de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental permite justamente ello, gracias a su riguroso proceso de investigación y su enfoque multidisciplinario.
[1] Aprobado por Decreto Supremo 029-2018-PCM del 18 de marzo de 2018
[2 ]Numeral 7.1 del artículo 7 del reglamento de políticas nacionales. Aprobado por D.S. 029-2018-PCM
[3] Aprobado en el numeral 7.4. del artículo 7 del reglamento aprobado por D.S. 029-2018-PCM
[4] Aprobada por D.S. 056.2018.PCM de 23 de mayo de 2018
[5] Aprobado por D.S. 164-2021-PCM de fecha 15 de octubre de 2021
[6] Decreto de urgencia N° 006-2023 del 21 de febrero de 2023
[7] Resolución Ministerial N° 0101-2023-JUS fecha 22 de febrero de 2023 primer listado
Resolución Ministerial N° 0112-2023-JUS fecha 2 de marzo de 2023 segundo listado
Resolución Ministerial N° 0153-2023-JUS fecha 31 de marzo de 2023 tercer listado
Resolución Ministerial N° 0170-2023-JUS fecha 25 de abril de 2023 cuarto listado
[8] Exposición de la presidenta de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia para Personas en Condición de Vulnerabilidad del Poder Judicial, Janet Tello, el 8 de marzo de 2023. Seminario "Derechos de la mujer y acceso a la justicia".
[9] Autoridad Nacional del Servicio Civil (2023). La mujer en el servicio civil peruano – 2023. Marzo de 2023