Asociaciones Público Privadas: ¿cuál es su situación actual?

Ricardo Campins
Por: Ricardo Campins
Docente de la EPG Continental
Publicación: 12 junio, 2019

Recientemente el mecanismo APP está siendo muy cuestionado debido a los escándalos de corrupción relacionados a Odebrecht. Conoce más sobre las asociaciones público privadas en este artículo.

 

El escandalo de corrupción ocasionado por las empresas de la construcción en el Perú está generando un sin fin de efectos negativos en la sociedad y en la economía doméstica. Eso que los economistas llaman externalidades negativas. Uno de esos efectos adversos es el hecho que el programa mismo de APP (Asociaciones Público Privadas) en el país esté siendo cuestionado, y los proyectos contratados bajo esta modalidad corran el riesgo de ser paralizados o pospuestos en forma indefinida.

 

Situación de las APP

 

Las APP son un mecanismo eficiente de procura para infraestructura y servicios públicos, y a pesar del ruido político y mediático alrededor de ellos, hay que decir que las APP en el Perú constituyen un caso de éxito. La reciente publicación del Infraescopio 2019[1] que analiza y califica el entorno para el desarrollo de APP, ubica al Perú en el segundo lugar en el ranking de países de América Latina y el Caribe. El informe analiza cinco pilares: regulatorios, institucionales, financieros, de clima de inversión y negocios, y de madurez. El Perú se ubica por encima del promedio de la muestra en todos ellos; y en dos de esos pilares es el líder de la región.

 

La brecha de infraestructura en el país ha sido estimada en US$ 160 mil millones[2]. El PBI de Perú para el 2018 fue de US$ 225 mil millones con una inversión pública de US$ 10.300 millones (4.6%), mientras que el promedio de los últimos diez años de inversión pública fue del 5.1%. Resulta evidente la imposibilidad de cerrar la brecha de infraestructura con una inversión pública anual del orden de US$ 11.500. La participación e inversión del sector privado en proyectos de utilidad pública es fundamental para atender las necesidades en transporte, energía, salud, agua y saneamiento, irrigación, educación. La inversión pública sola es insuficiente para cerrar las brechas de necesidades insatisfechas y proporcionar a la población los servicios públicos que merecen.

 

Consecuencias de la caducidad de concesiones

 

Asombra por tanto ver la ligereza de opiniones de políticos y autoridades públicas en lo que concierne a proyectos estructurados bajo la modalidad de APP. Al conocerse el pago de sumas no declaradas asociadas a las vías urbanas concesionadas por la alcaldía de Lima metropolitana, la reacción inmediata ha sido invocar la nulidad y la caducidad de las concesiones sin detenerse a pensar ni evaluar todas sus consecuencias. Desconocer los contratos no solamente implicará tener que compensar a los concesionarios por las inversiones ya realizadas y posiblemente pagar penalidades si no se logra probar judicialmente la vinculación de los pagos o aportes de campaña con el otorgamiento de las concesiones; también implica un serio cuestionamiento de la voluntad y la capacidad del Estado peruano de cumplir con sus obligaciones contractuales. Y ello en el mundo de evaluación de riesgos asociados a los proyectos de APP significará en el futuro proyectos más costosos para el país cuando potenciales inversionistas cuantifiquen financieramente en sus ofertas el riesgo de incumplimiento para nuevos proyectos. En el mundo de las inversiones, variabilidad, incertidumbre, es riesgo. Y el riesgo se tiene que pagar y compensar de alguna manera.

 

La importancia de saber diferenciar

 

Es fundamental que dentro de administración pública podamos aprender a diferenciar entre concesionarios, proyectos y beneficiarios, a la hora de asignar los costos y penalidades asociados a actos de corrupción por parte de los privados que participen en ellos. ¿Porqué paralizar un proyecto que resulta deseable desde el punto de vista social y con ello perjudicar a los usuarios de la infraestructura o el servicio, con el único fin de castigar al concesionario? ¿No resulta más inteligente trabajar una salida negociada para aquellos concesionarios que han cometido ilegalidades y permitir la entrada de nuevos inversionistas que culminen u operen los proyectos?

 

Una de las grandes ventajas de la estructuración bajo la modalidad de project finance que usualmente se utiliza para este tipo de proyectos, es la arquitectura contractual y de fiducia inherente a ella, que permite la protección de los activos del proyecto ante posibles incumplimientos de sus promotores u operadores.

 

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