Evaluación de contratos a peajes concesionados

Durante los últimos días se han escuchado diversas opiniones acerca de por qué se deben caducar los Contratos de Concesión suscritos por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML). Sin embargo, no se habla de problemas más complejos que afectan directamente a la población. Conoce más en este artículo.

Las diversas opiniones realizadas sobre lo que se debe hacer con los Contratos de Concesión suscritos por la MML, llevaron al mismo alcalde Muñoz a aparecer en diversos medios de comunicación manifestando su posición sobre un tema que aparentemente no domina, situación muy peligrosa que incluye la posibilidad de caducar unilateralmente los contratos suscritos por la MML sin hacer el análisis económico, técnico y legal que corresponde a esta toma de decisión.  

Las reacciones

Es por esta razón que, ante las recientes noticias comunicadas respecto a los presuntos actos de corrupción que habrían motivado la suscripción de Contratos de Concesión por la MML o de Adendas a estos, no tardaron en aparecer apocalípticas opiniones respecto a lo que debía hacerse con estos Contratos, y casi al unísono la opinión generalizada y no informada, era de caducarlos sin más razón ni sustento. Estas opiniones se centran en la creencia de que estas Concesiones son producto de coimas, pagos ilegales y arreglos realizados bajo la mesa por funcionarios corruptos que vendieron su honestidad y buen nombre por dinero ilegal.

Ante ello, se produce una reacción inmediata de la población, que sin un análisis adecuado exige que se elimine cualquier vestigio de estos Contratos, tales como: el Proyecto Línea Amarilla, el Proyecto Vía Expresa Sur, el Proyecto Vías Nuevas de Lima e incluso al COSAC del servicio brindado por el BTR, el Metropolitano o de los Corredores Complementarios.

En este contexto, lo que queda por decir es que las decisiones que tomen las autoridades deben basarse en un sustento adecuado y no en una toma de decisión de tipo político exclusivamente; la población no es especialista y no tiene por qué conocer otros detalles de los Contratos de Concesión suscritos por la MML. 

Problemas reales

 Los incrementos en la tarifa de pasajes del BTR sin una mayor cantidad de unidades de transporte que solucione el tema del hacinamiento durante la hora pico en que se utiliza este servicio, el incremento en el costo de los peajes o la aparición de nuevas casetas para el cobro de éstos en lugares donde antes no existían, obras que no se han culminado o que habiéndose culminado se encuentran bajo sospecha de sobrevaluación, son solo ejemplos de los árboles más cercanos que la población observa de una manera superficial, dejando de lado los reales problemas que tienen estas concesiones, los mismos que deben ser evaluados por profesionales adecuados para estas labores.

Sin embargo, el bosque es mucho más complejo de lo que podemos imaginar. Contratos que contienen compromisos por parte del Estado Peruano representado por la MML y que no se han cumplido, como el problema generado por el Peaje de Puente Piedra que no puede resolverse indicándole a la población que el referido Peaje no va más.
El compromiso asumido por la MML durante la gestión Villarán fue el colocar ese y otros más como garantía del flujo de caja del Proyecto de la entonces empresa concesionaria contra las inversiones que realizaría.

No es difícil calcular la cantidad de vehículos que transitan por la zona diariamente y con ello, lo que la empresa concesionaria deja de percibir por día. Una operación matemática nos podría calcular la cantidad mensual, y luego la anual respecto a fondos que la empresa debería percibir y que no está percibiendo. La MML decidió retirar el Peaje de Puente Piedra después de los actos de violencia que se generaron en la zona en el pasado 2017. Pero el tiempo sigue corriendo y los vehículos en la zona siguen transitando, agravando más aún el incumplimiento de las obligaciones de la MML.

Problema sin solución

 Han pasado más de dos años desde aquel momento y pese a ello ni la gestión de la MML en ese entonces ni la actual, han dado un paso para solucionar un tema que se originó en un incumplimiento de ésta, por atender una vez más al clamor popular sin más sustento técnico.

Una acción poco racional por parte de la MML en aquel momento. Felizmente, la primera intervención del actual alcalde dio paso a un discurso más conciliador y a un llamado a las empresas concesionarias para revisar los Contratos de Concesión suscritos por la referida entidad. El Consejo Municipal de la MML también ayudó en esta labor y no se precipitó con decisiones y opiniones extremistas, cumplió cabalmente con su función y motivó la actuación del área competente de la MML.

Es por ello que, el caducar unilateralmente un Contrato de Concesión como el que entregó los peajes de Lima, al menos en un Estado de Derecho, está sujeto al cumplimiento de ciertas reglas y exigencias, las mismas que se encuentran planteadas en tratados internacionales, la Constitución Política del Perú del año 1993, el Decreto Legislativo N° 1362 y su Reglamento, así como los propios Contratos de Concesión que imponen la obligación de respetar la estabilidad jurídica y dar cumplimiento a los contratos per se.

No es difícil calcular la cantidad de vehículos que transitan por la zona diariamente y con ello, lo que la empresa concesionaria deja de percibir por día.

¿Caducar o no los contratos?

Afortunadamente, aunque no para algunos miembros de cierta corriente política, no nos encontramos en la República Bolivariana de Venezuela de Maduro como para pensar que el caducar los Contratos de Concesión suscritos por la MML es una decisión sin consecuencias que podría liberar al Estado Peruano, representado por ésta, de pagar las indemnizaciones que correspondan por las inversiones ejecutadas por los Concesionarios y el lucro cesante de los flujos de fondos proyectados durante los futuros años de concesión y que éstos dejarán de percibir.  

Es así que no puede olvidarse que bien o mal, un Contrato de Concesión suscrito por el Estado Peruano le otorga ciertos derechos al Concesionario, y que éstos deben ser respetados por las diferentes instancias y niveles de gobierno.

En ese sentido, los Contratos de Concesión suscritos por la MML contienen los mecanismos que permiten reducir los riesgos propios de una decisión que implique la caducidad por decisión unilateral del Concedente.  

Dicho lo anterior, podemos indicar que fuera del dolor de cabeza que implicaría una negociación de esta magnitud con el Concesionario, respecto a la cantidad de dinero que ineludiblemente deberá pagarle la MML, léase el Estado Peruano - y por sí el lector no lo ha entendido todavía, todos los peruanos - como producto de complicadas operaciones matemáticas y financieras para determinar entre otros, el nivel de avance de la inversión realizada o el valor actual de las inversiones que ya se ejecutaron y cuánto es lo que perderá o dejará de percibir durante los años en que tenía proyectado ingresos y que ahora se vuelven truncos, la decisión que se vaya a tomar debe considerar todos los riesgos asociados a la continuidad y sostenibilidad de la operación y mantenimiento de la infraestructura que actualmente se encuentra en operación y el impacto social que produciría sobre la población el no contar con este servicio de manera eficiente.

Sin mayores reparos, la decisión que se vaya a tomar es muy importante señor alcalde. En esta decisión se deberá considerar las condiciones económicas comprometidas por la MML, así como todas aquellas que se generarían con cada alternativa que sus técnicos y especialistas le recomienden. No se debe olvidar que es el titular del gobierno local - que ha sido elegido para representar a los casi diez millones de limeños - el cual debe tomar las decisiones adecuadas en los momentos más álgidos de su gestión, y no decidir cuestiones técnicas bajo una óptica meramente populista, por encuestas o porque un asesor de confianza (pero con escaso o nulo conocimiento acerca de las Asociaciones Público - Privadas o APP) se lo ha sugerido.

Dicho lo antes indicado, a ningún funcionario público, sea el Presidente de la República, Congresistas, Jueces y Fiscales, Gobernadores Regionales o Alcaldes, se le puede exigir que conozca a la perfección todos los temas que están vinculados a su gestión. Sin embargo, si puede exigírsele que tenga criterio como para darse cuenta que en este tema necesita asesorarse adecuadamente para ello, y como ya lo hemos señalado en un artículo anterior para negociar proyectos bajo la modalidad APP se necesitan profesionales con experiencia, tanto en la gestión pública como en la privada. Es decir, que entiendan perfectamente el mecanismo, a fin de que se monitoreen y minimicen los riesgos respecto a cada uno de los problemas que encontraremos en la negociación del Contrato y a lo largo de la ejecución de este. Dichos profesionales son muy escasos o casi nulos en el sector público.

Su equipo de técnicos y especialistas deberán estar muy bien preparado para encontrarse a la altura de lo que los limeños esperan de su gestión. Solo nos queda decir que, ¡cuidado en la decisión que vaya a tomar señor Alcalde Muñoz! porque quizá el diagnóstico, que entendemos sus técnicos y asesores ya han realizado, esté errado y la medicina que hoy se grita a los cuatro vientos como la receta perfecta para solucionar este problema en la ciudad de Lima termine siendo más perjudicial que la enfermedad que hoy nos aqueja.

Agradezco a la doctora Raquel Moreno Azaña por su ayuda en la revisión del presente artículo.

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