Asociaciones Público Privadas en el Perú: ¿funcionan o no?

Samuel Rivera
Por: Samuel Rivera
Docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental

Muchas opiniones se vienen formando acerca de las asociaciones público privadas, sobre su eficiencia y utilidad. Entérate más en el análisis de este artículo.

 

Una Asociación Público Privada (APP) se produce cuando una o más empresas privadas financian, construyen y gestionan un servicio público o una infraestructura que permita brindar servicios públicos, y a su vez esta recupera su inversión a lo largo de varios años, mediante cobros abonados por los usuarios, o pagos por parte del Estado, o una combinación de ambos.

 

Es así que, al momento de implementar proyectos bajo la modalidad de APP estamos ante un proceso dinámico que, por más que intentemos trazar una ruta irreversible que con seguridad se seguirá en el futuro, experimentará varios cambios y ajustes desde que se tome la decisión de implementarlo, pudiendo volverse más sólido y eficiente, y con ello lograr contratos sostenibles en el tiempo para que brinden mayor predictibilidad.

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Las APP en el Perú

Dentro de este contexto, el Perú no fue ajeno a este tipo de procesos, los mismos que en estos años han dejado lecciones aprendidas que han servido para implementar ajustes, tomando en cuenta la experiencia que se acumula a lo largo del desarrollo de estos.

 

Durante los últimos años podemos observar que las APP constituyen una modalidad de financiamiento eficiente que permite desarrollar infraestructuras con o sin inversión del Estado para brindar servicios públicos.

 

De la experiencia y estadística en la ejecución contractual de los últimos años, se puede observar grandes avances no solo en la terminación de la infraestructura per se, sino también en el proceso de negociación que se produce durante la ejecución de las mismas.

 

Sin embargo, independientemente de ello, la sombra de la corrupción en que la coyuntura de acontecimientos socio políticos las ha situado- y las numerosas opiniones que realizan entendidos y no entendidos en el tema – estos grandes avances no pueden ser negados en cuanto a las mejoras en la calidad de los servicios públicos que se vienen prestando cuya gestión se encuentra en manos privadas. Dicho esto, podemos inferir que malos funcionarios o empresarios se hayan aprovechado de este mecanismo y lo hayan ensombrecido para el común de la población, producto de los presuntos actos de corrupción.

 

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Resultados y desafíos

Bajo este contexto, consideramos que el mecanismo funciona y de eso no hay duda, tal y como sucede con la Línea 1 del Metro de Lima, la cual transporta casi 600 mil limeños al día con un servicio rápido y eficiente, y las Redes Viales 4 y 5 (la Carretera Panamericana desde Ancón hasta Pativilca y desde Pativilca a Trujillo respectivamente) ahora brindan un servicio público a través de una autopista de doble calzada.

            

Pese a ello, el Perú continúa presentando una brecha de infraestructura y servicios públicos que no puede ser cubierta en un 100% por el Estado Peruano ya sea por el límite que tiene su techo presupuestal, en cuanto a los gastos que pueden realizarse anualmente o por la mala gestión de los mismos, ello lo podemos corroborar si observamos la calidad de la mayoría de los servicios públicos que se brindan a través de organismos estatales, tales como el mantenimiento de una carretera en la que no se realiza inversión privada o el servicio de saneamiento que brindan las EPS que actúan en el ámbito urbano de las principales ciudades del interior del país.

  

Otro punto importante es que para negociar proyectos bajo la modalidad APP se necesitan profesionales con experiencia, tanto en la gestión pública como en la privada. Es decir, que entiendan perfectamente el mecanismo, a fin de que se monitoree y minimice los riesgos respecto a cada uno de los problemas que encontraremos en la negociación del Contrato y a lo largo de la ejecución de este. Dichos profesionales son muy escasos en el sector público.infraestructura-peru

Bajo esta perspectiva, proyectos como la Red Nacional Dorsal de Fibra Óptica, las PTARs[2] Titicaca, la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, Chavimochic, Majes Siguas II (en desarrollo), el Aeropuerto de Chinchero, el Ferrocarril Huancayo Huancavelica, el Tren de Cercanías, las mejoras a los aeropuertos del primer, segundo y tercer grupo de aeropuertos de provincia, el Anillo Vial Periférico de Lima, la ampliación de los puertos o las demás líneas del Metro de Lima y Callao, no podrían desarrollarse sin contar con el importante aporte de capital proveniente del sector privado, teniendo en cuenta que los recursos que el Estado Peruano para invertir en estas infraestructuras son limitados, haciendo necesaria la búsqueda de financiamiento privado para este tipo de proyectos de infraestructura y servicios públicos.

 

Afirmaciones como que el sistema puede ser mejorado son ciertas, que existen visibles signos de aprovechamiento que han derivado en actos de corrupción en el desarrollo de estos proyectos, también es tan cierto como lo son los actos derivados de corrupción en el desarrollo de obras públicas administradas directamente por el Estado. Pero que a partir de ello, se susciten opiniones en contra de las APP, en la que pseudo especialistas con ninguna o escasa experiencia en la administración de los Contratos bajo esta modalidad intentan desacreditar este tipo de proyectos, dista mucho de la realidad y, por ello, debemos aprender a diferenciar lo que es cierto y lo que no, y cómo estos proyectos han ayudado al desarrollo y mejora de infraestructura pública y han elevado hoy la calidad de los servicios públicos.

 

*Agradezco a los doctores Raquel Moreno Azaña y Joaquín Cuadrado Galán por su invaluable ayuda en la revisión del presente artículo.

 

El Programa de Especialización en Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión con enfoque Público Privado, de la Universidad Continental será un medio para entender las demandas requeridas y acentuar la base de responsabilidad y buenas prácticas de la inversión, así como orientar el uso de los recursos en la efectiva prestación de los servicios y la provisión de la infraestructura adecuada para el desarrollo del país. Conoce más aquí. 

Nueva llamada a la acción

 

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