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Ya sea en la situación extrema que enfrentamos por el COVID-19, aislados en casa para protegernos, o en la cotidianidad de perder gran parte del día trasladándonos de un lugar a otro, la ciudad debe ser la solución para alcanzar calidad de vida.
La ciudad no es el problema, es la solución, es una potente sentencia del arquitecto y urbanista brasileño Jaime Lerner, tres veces Alcalde de Curitiba y dos veces Gobernador del Estado de Paraná, quien reinventó el espacio urbano y es referente para una nueva forma de ver la ciudad.
En nuestro Centro, este mensaje es rector en el sueño de ciudad que queremos, en las propuestas que planteemos, y en los esfuerzos para hacerlas realidad.
La principal sugerencia de todos los expertos para combatir el COVID-19 es la sencilla acción de lavarse constantemente las manos. Esto nos permite, a pesar que no parezca, abordar un tema central: la informalidad en la generación de vivienda. El COVID-19 ha desnudado carencias crónicas, pero para algunos insospechadas. En nuestro país, más de 7 millones de personas no tienen acceso al agua potable de una red pública1
La informalidad de cada día
Nuestra economía alcanza un 72.4%2 informal en el sector productivo laboral, número que para el economista peruano, establecido en Washington, Rodrigo Acha, refleja con claridad el entrampamiento que vive nuestro país, limitante para alcanzar un desarrollo sostenible3.
Este porcentaje es directamente proporcional al de la informalidad en la generación de vivienda en las ciudades de nuestro país. De acuerdo al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, siete de cada diez viviendas se construyen informalmente, lo que genera condiciones de vivienda inadecuada, precariedad física y legal, e incrementa la vulnerabilidad de los hogares ante fenómenos naturales4.
Si no hay trabajo o acceso al trabajo formal, las personas igual buscarán la forma subsistir, es igual en el caso de la vivienda, sin acceso a la vivienda formal, las familias buscarán un espacio donde vivir. En ambos casos, lejos de las leyes y las cargas tributarias, pero lejos también del paraguas protector que la regulación otorga, y sin acceso a los servicios que el estado puede ofrecer, tomamos en parte la definición ya clásica de informalidad de Hernando de Soto5.
La oferta informal o ilegal, mediante el tráfico de terrenos, sigue siendo el principal generador de espacios para vivir en el país, sin agua, sin propiedad, sin un valor que luego refleje el esfuerzo, y lamentablemente, lo seguirá siendo si el Estado no llega a tener políticas efectivas que promuevan la generación de suelo urbano.
Suelo urbano, la madre de la vivienda formal
El suelo urbano es el suelo con zonificación y disponibilidad de servicios básicos, como agua, desagüe, energía eléctrica, para edificar vivienda formal y digna.
El Estado es el gran propietario de la tierra, junto a las comunidades campesinas, el primero lo debe aportar para edificar vivienda de interés social, con las segundas, se debería promover acuerdos de gestión inmobiliaria.
Generar potentes habilitaciones, dotando al suelo de zonificación y servicios básicos, para que luego sea concursado a los agentes privados para el desarrollo masivo de vivienda social. El gobierno nacional y los gobiernos locales se beneficiarían con el mayor valor de este nuevo suelo, recursos que servirán para dar paso a más proyectos, un circulo virtuoso.
Para esto, podría crearse una empresa púbica de gestión del suelo -como ocurre en Colombia- que aborde de manera inteligente la generación de suelo urbano y absorba parte de la plusvalía por el incremento de valor generado por este cambio en la condición del suelo.
Al respecto, el urbanista canadiense Angus Laurie, en entrevista para nuestro Centro señala6: “La idea es tratar de replicar el modelo de una empresa de desarrollo urbano que podría comprar y vender suelos, actuar como un gestor de suelos de la ciudad y empezar a hacer desarrollos en la misma. “
Las políticas activas y no solo escritas tienen que involucrar a las empresas prestadoras de servicios de saneamiento, todas estatales, que tienen en su génesis la dualidad de ser empresas que buscan rentabilidad, pero también la obligación de cumplir con el rol de llevar agua a los sectores marginales, asumiendo los costos que esto implica.
Por ejemplo, SEDAPAL para Lima, es un pequeño estado dentro de otro. Hace sus planes de inversión de manera autónoma, sin visión de ciudad, y sin coordinar con la Municipalidad Metropolitana de Lima, encargada de planificar el desarrollo urbano. Por su parte, fuera de las provincia de Lima, las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento - EPS, administran el saneamiento en todo el país, pero se encuentran en situación crítica, por su deficiente gestión y poca rentabilidad7, lo cual no permite pensar en ellas como actores efectivos en el rol fundamental de generar suelo urbano con las municipalidad provinciales, que son sus “accionistas”.
Se debe romper el modelo instalado bajo el ciclo de la informalidad, donde primero llega la población, que toma los espacios donde vivir, y mucho años después llegan los servicios, modelo al que se ha adecuado el Estado, llevar poco a poco el agua y desagüe donde la población ya se asentó, con los sobre costos que eso significa, pero no se considera llevarla donde la población debiese asentarse de manera planificada.
La economía informal limita el desarrollo de un país, la vivienda informal, sin acceso a servicios, aleja a la persona humana de su dignidad.
Transporte público
El crecimiento desordenado de nuestra ciudad, la falta de vivienda digna y la carencia de planificación y ausencia del Estado, han generado que las personas desarrollen su día a día cada vez más distantes de sus viviendas, pasando varias horas en un medio de transporte deficiente.
Como parte de las medias que se han adoptado por el COVID-19, se limitó el transporte público a un rango de horas determinado. Algo que resultó complicado de aplicar en Lima, una ciudad donde a pesar del transporte público formal, como el Metropolitano, Metro de Lima, los corredores viales y buses autorizados. Cerca de un millón de personas al mes se trasladan en vehículos informales8 y cerca del 80% de trabajadores del transporte público son parte del mundo informal laboral9.
La Autoridad Transporte Urbano – ATU, es un gran avance tener solo una autoridad para este tema en ciudades conurbadas como Lima y Callao, y pronto Huarochirí. Pero nos parece que se quedó corta, debió tener entre sus facultades las que se propusieron en el proyecto de ley original: diseñar y planificar el transporte Público y la transitabilidad en general, promover inversiones tan necesarias para ciudad. Esperemos que avance bien y pueda asumir luego esos reto.
Hemos dado un breve vistazo a temas de ciudad que nos preocupan, dentro de esta complicada situación que vivimos hoy. Los peruanos demostramos que, a pesar de las adversidades, mucho podemos hacer juntos, comencemos a soñar en una ciudad que nos dé calidad de vida, poniendo siempre en el centro a la persona y su dignidad.
¿Quieres saber cómo conseguir una ciudad con calidad de vida para todos? Te invitamos a conocer más sobre Prociudades y nuestros campos de acción en los que podemos trabajar juntos por la ciudad que queremos. Conoce más aquí.
1https://larepublica.pe/sociedad/2020/03/13/coronavirus-peru-mas-de-siete-millones-de-peruanos-sin-agua-potable/
2https://www.ipe.org.pe/portal/encuesta-de-enaho-la-informalidad-laboral-seincremento-en-el-2018/
3Entrevista para el Centro de Estudios para las Ciudades – PROCUIDADES con Rodrigo Acha.
4http://www.adiperu.pe/wp-content/uploads/04-CARLOS-BRUCE-DIAGNÓSTICO-Y-PERSPECTIVAS-DEL-SECTOR-VIVIENDA.pdf
5El Otro Sendero, Hernando de Soto 1989
6Entrevista para el Centro de Estudios para las Ciudades – PROCIUDADES con Angus Laurie
8https://rpp.pe/economia/economia/la-informalidad-transporta-a-1-millon-de-pasajeros-mensuales-en-lima-noticia-1189535
9https://elcomercio.pe/economia/peru/ipe-fiori-inei-informalidad-transportes-80-trabajadores-sector-transportes-son-informales-noticia-624380-noticia/?ref=ecr
