Una Verdadera Cuestión de Confianza

El miércoles 29 de junio, el presidente Martín Vizcarra se presentó al país para informar que presentaría hoy una “cuestión de confianza” por las políticas de Estado de fortalecimiento institucional y lucha anticorrupción, a fin de que cinco proyectos de ley presentados sean aprobados “sin vulnerar su esencia”.

Esta sería la segunda en el gobierno de Vizcarra, pues en setiembre del año pasado, se planteó la medida para que se aprobaran las cuatro reformas constitucionales que buscaba que se sometan a referéndum. Dejando de lado el análisis constitucional y jurídico, aquí hay varios aspectos que advertir. Dos pedidos de confianza sucesivos en menos de un año demuestran que la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo no es nada colaborativa. Aquí debemos recordar que ambos Poderes del Estado buscan lograr resultados de mejora del bienestar de los ciudadanos, por lo que lo lógico es que ambos complementen sus acciones a fin de lograr dicho resultado.

Lógicamente es probable que no coincidan en el enfoque de las formas de llegar a la solución, pero el consenso debe ser la norma y no la excepción. Cualquier desencuentro debería ser resuelto a través de fortalecer la comunicación y buscar mecanismos de trabajo conjunto; enseñanza básica de una gestión de procesos madura. Sin embargo, lo que venimos apreciando es que el Ejecutivo afirma que el Congreso no colabora e incluso le increpa aparentes decisiones reprochables al “blidar”, encubrir actos de corrupción y a corruptos y buscar proteger privilegios para grupos económicos. En otras palabras, aún si el Congreso considerara apoyar los proyectos de la reforma política, esto no significará que la relación entre ambos poderes del Estado será más positiva. Por el contrario, con la presentación del día de ayer, se ha abierto una brecha aun mayor entre ambos poderes.

El problema de la corrupción

A esta brecha debemos añadir la deteriorada imagen de nuestro Poder Judicial debido a reprochables procesos de corrupción. De acuerdo al Latinobarómetro, para el 19% de encuestados en el Perú, la corrupción es el problema más importante del país después de la delincuencia (24%). Asimismo, para los peruanos, son los parlamentarios y los jueces los personajes que más participan de actos de corrupción. Para Naciones Unidas, la corrupción contribuye a la inestabilidad, la pobreza y es un factor dominante que impulsa a los países frágiles hacia estados fallidos. También se describe a la corrupción como "uno de los mayores impedimentos" para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Para empezar, la corrupción incrementa los costos de hacer negocios. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), un país con problemas de corrupción podría incrementar en 5% su inversión privada. Así, el Foro Económico Mundial estima que la corrupción aumenta el costo de hacer negocios hasta en 10% en promedio.

Cualquiera que sea su forma, la corrupción siempre viene a expensas de alguien, y con frecuencia conduce a instituciones más débiles, menos prosperidad, negación de servicios básicos, menos empleo y más desastres ambientales. Si los servicios públicos básicos no se prestan a los ciudadanos debido a la corrupción, el estado eventualmente pierde su credibilidad y legitimidad. Como resultado, los ciudadanos decepcionados podrían alejarse del estado, retirarse de los procesos políticos, migran o se oponen a lo que perciben como los corruptos políticos y élites económicas.

Relación entre los Poderes del Estado

Estamos claramente ante a una “relación tóxica” entre Poderes del Estado y esto contribuye a propiciar un círculo vicioso de baja cultura de la legalidad, corrupción, impunidad, desconfianza social y desafección institucional.

Se aprecia que hay un divorcio entre las expectativas y necesidades de los ciudadanos y las prioridades de nuestras autoridades y legisladores pues los perjuicios o costos de no trabajar a través del consenso, recae sobre los ciudadanos en forma de una pérdida de oportunidades y retraso en implementar las reformas estructurales que permitan sostener un mayor crecimiento económico que contribuya a corregir las desigualdades y retraso del desarrollo que tenemos desde hace décadas. El reto de nuestras autoridades es recordar que los únicos que pierden con esta incertidumbre y retrasos no sólo son los ciudadanos adultos en este momento sino especialmente los niños y jóvenes que serán ciudadanos en las próximas décadas. Lamentablemente, los intereses de dichos grupos no están considerados debidamente por las agendas de nuestros Poderes del Estado.

El uso de soluciones digitales participativas como las redes sociales es propicio para la democracia pues permiten que la ciudadanía ejerza su libertad de expresión con amplitud. También permiten la protesta y acceso a actores políticos y sociales y advierten de problemas que no están propiamente en la agenda pública. Se trata de fortalecer el concepto de ciudadanía siendo indispensable la función de control social.

En lugar de ir únicamente orientadas a combatir la corrupción deberían diseñarse medidas “anti-trampa social” o “pro-confianza” generalizada que busquen aumentar tanto la confianza interpersonal como la confianza hacia las instituciones.

La actual inestabilidad que demuestra las fricciones entre los Poderes del Estado contribuye al fortalecimiento de los grupos de poder cuyos intereses buscan seguir siendo privilegiados. Los ciudadanos debemos ir más allá del referéndum e institucionalizar nuestra voz en el diseño de políticas públicas siendo que las autoridades y legisladores siguen sin tener claro el impacto de sus acciones. Es el momento de la participación y voz ciudadana, especialmente de los grupos más vulnerables y de quienes formarán parte de la Población Económicamente Activa en las próximas décadas.

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