La Lucha contra la Informalidad como Política de Estado

La pandemia del COVID-19 que hoy afrontamos ha revelado múltiples deficiencias del estado, y nos ha hecho recordar su carácter sistémico. No se trata solamente de un problema de salud pública, sino también de economía, de estructura de la sociedad, de políticas públicas insuficientes, de ausencia de información de calidad que permita una gestión pública eficaz, entre otras. Pero el “virus” que vemos presente y atacando cada uno de estos ámbitos de nuestra sociedad y de la gestión del estado, ha resultado ser la informalidad. 

Informalidad y salud pública

En lo que corresponde a salud observamos cómo la informalidad refuerza perniciosamente la presencia de la enfermedad, pero en realidad no solo afecta a la salud pública, sino a todos los ámbitos de la sociedad. En este artículo reflexionaremos sobre lo ocurrido en salud, como un ejemplo actual que evidencia la urgente necesidad de afrontar la informalidad como prioridad de estado. 

Pero, ¿qué tan grave es la informalidad en el Perú?  Las cifras y sus consecuencias son alarmantes. El 70% de la PEA trabaja en la cara informal de la economía y produce el 20% de la riqueza del país, pero aunque es tal vez el único refugio para una población cuyo estado no ha sabido cómo engendrar desarrollo y por lo tanto oportunidades para este grupo de la  población, lo cierto es que existen y subsisten día a día, con pocas reglas y con mucho esfuerzo. Siendo en muchos casos totalmente transparentes para un estado que es incapaz siquiera de saber en dónde vive y por lo tanto cómo llegar a este grupo de ciudadanos del Perú. 

Con todas las ineficiencias conocidas del estado, cómo es posible exigir reclusión social a la población que vive en la informalidad, si los exiguos montos recibidos por bonos no alcanzan para sostener una canasta familiar, si hay un grupo importante de familias que no han recibido ninguno de los beneficios, si los pocos ahorros de algunos no alcanzan para cien días de confinamiento, si hay un gran número de extranjeros a los cuales el estado tampoco ha llegado.

Por lo que, para este grupo de personas la desobediencia a las reglas, a las que están muy acostumbrados,  se convierte en mecanismo de sobrevivencia ante una cuarentena extendida y que tiene un riesgo más inmediato que convive con ellos y que se llama hambre.

Por estos días ya muy poco queda por hacer, más que seguir remediando omisiones, tomado acciones correctivas y usando la fuerza represiva del estado para evitar el colapso de contagios al que parece nos dirigimos. Es que resolver un problema que se ha gestado probablemente con el inicio de la república y que se agudizó con las reformas estructurales de la década de los 90, no es sencillo. Pero si algo debe dejarnos este gobierno como legado es una nueva política de estado de Lucha Contra la Informalidad en todas sus expresiones, tan explícita como la Política de Estado 27: Erradicación de la producción, el tráfico y el consumo ilegal de drogas, y no tímida como la Política de Estado 18, que nos habla de la Formalización de la Actividad Económica. 

Informalidad en la sociedad 

Es que la informalidad en el Perú rebasa los límites de la economía y se ha instalado en casi todos los ámbitos de nuestra sociedad, en la política, en la educación, en la salud, en la vivienda, etc., y en general en la mente de los peruanos.

Si queremos una sociedad próspera, ahora ya mirando al 2050, los siguientes gobiernos  deberán sumar proponiendo como una de las prioridades de su Política General de Gobierno un lineamiento explícito de Lucha contra la Informalidad, de aplicación inmediata en todas las entidades del estado.

Asegurándose, a través del CEPLAN, que las instituciones incluyan en sus políticas y planes las acciones que según sus competencias les corresponda.

Pero la lucha contra la informalidad no puede ser exclusivamente represiva, reglamentaria o sancionatoria. Se requiere el brazo derecho del estado, el de las oportunidades para todos, es decir, brindar algo que hasta ahora muchos peruanos no han experimentado como beneficios de ser ciudadanos de este país. Una educación a la altura de la nueva economía, con salud para todos pero con calidad, con ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles y un estado eficiente y sin corrupción.

En mi entender, la informalidad no es solo un fenómeno social y cultural, es sobre todo un fenómeno económico, en donde el raciocinio informal, en la búsqueda de su elección eficiente por sopesar costos y beneficios de mantenerse en la informalidad, y si encuentra muchos costos y pocos o ningún beneficio, actuará en consecuencia.  De allí la importancia de construir un estado eficiente y que brinde a sus ciudadanos las oportunidades que necesita, como una vacuna necesaria para afrontar con éxito este “virus” social de la informalidad.

El Perú necesita de servidores públicos que conozcan los métodos e instrumentos necesarios para gestionar los asuntos públicos y sistemas 

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